La Cámara de Cuentas detecta "algún incumplimiento normativo" en el informe de fiscalización 2021 del Gobierno de Aragón

En relación con la primera, el informe recoge una opinión «favorable con salvedades por incorrecciones en los estados contables y respecto a la auditoría de legalidad, se identifican varios incumplimientos significativos de la normativa que rige la gestión económica».

En 2021, el gasto presupuestario de Aragón ha sido de 6.985 millones de euros, un 4,3% más que en el ejercicio anterior. En sanidad, el gasto ascendió a 2.362 millones de euros, en educación a 1.284 millones y en políticas sociales a 546 millones de euros.

Las consecuencias del COVID siguieron impactando en el presupuesto de gastos, aunque de manera desigual; mientras que los gastos en los programas de educación pública se incrementaron en 59 millones, los derivados de la asistencia sanitaria se redujeron en 40 millones, un gasto superior, en todo caso, al registrado antes de la pandemia.

En atender los gastos de personal se empleó el 35,5% del presupuesto ejecutado, 2.477 millones de euros. A 31 de diciembre de 2021, la Comunidad Autónoma tenía 60.180 empleados públicos, concentrados, casi en un 80%, en el SALUD y en los centros docentes no universitarios.

La tasa media de temporalidad fue del 48,6%. A excepción de los incrementos del personal temporal por razón del COVID-19, el informe explica que no se debe a situaciones coyunturales, por lo que supone un «incumpliendo de la normativa sobre el empleo público».

Más datos

También en el apartado de gastos, en 2021 se empleó 149 millones en inversiones, solo el 2% de las obligaciones reconocidas. Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, según la Cuenta General, ascendieron a 141 millones, 26 millones más que en el ejercicio anterior, la mayor parte, de gastos del SALUD. La auditoría ha identificado operaciones por valor de 15 millones de euros que aumentan este importe.

Respecto a los ingresos presupuestarios, en 2021 ascendieron a 7.536, un 8% más que en el ejercicio anterior. De los 551 millones de incremento, 402 se deben a la transferencia extraordinaria que efectuó el Estado para financiar los servicios públicos esenciales y el resto de los servicios transferidos.

En este ejercicio, se incrementó el endeudamiento en 306 millones para financiar el presupuesto. Al cierre del cuarto trimestre de 2021, la deuda de la Comunidad Autónoma, según el boletín estadístico que publica el Banco de España aplicando el protocolo del procedimiento de déficit excesivo, era de 9.060 millones, dos puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, lo que representa 6.891 euros por habitante.

Aprovechando el contexto de tipos de interés fijos reducidos, en 2021 la Comunidad Autónoma refinanció parte de su deuda y redujo gastos financieros. En dicho ejercicio, el gasto en intereses fue de 122 millones, la mitad que en 2014.

El remanente de tesorería mejoró respecto al ejercicio anterior, pero siguió siendo negativo por importe de 404 millones de euros, 522 millones, tras los ajustes de la Cámara de Cuentas. Entre estos ajustes, destaca uno por importe de 53 millones de euros de gastos de personal devengados y no reconocidos en el ejercicio. El importe tan elevado que alcanza el remanente negativo indica que la Comunidad "sufrirá tensiones de tesorería a corto plazo y que debería adoptar medidas para corregir este desequilibrio y recuperar ese saldo
negativo", ha alertado el informe de la Cámara de Cuentas.

Entre las salvedades de la auditoría financiera, el informe reitera que la cifra del patrimonio neto de la comunidad autónoma «no refleja la imagen fiel del mismo debido a incorrecciones detectadas» en la gestión del inventario contable, como las relativas al cálculo
de la amortización acumulada del inmovilizado no financiero --edificios, locales, maquinaria, entre otros-- que revelan un valor de los activos inferior al real en, al menos, 560 millones de euros.

Tranvía

El saldo de las provisiones para riesgos y gastos ascendió en 2021 a 157 millones de euros. Las principales contingencias fueron el pago de la liquidación del convenio para la financiación del tranvía de Zaragoza, con 24,56 millones de euros, y las indemnizaciones a médicos jubilados forzosamente en 2013 y 2014, con 34 millones.

En relación con la primera, la Cámara de Cuentas advierte de que
no están contemplados los intereses de demora, calculados en 0,85 millones y, en términos generales, el órgano fiscalizador estima en, al menos, 16 millones otras contingencias sin provisionar.

El informe también advierte de la falta de registro en la contabilidad de los ingresos procedentes del pago de las cuotas de comedores escolares --presupuestados en 15 millones de euros--, cuyo seguimiento extracontable realiza cada centro, con los consiguientes riesgos de justificación y control.

La auditoría de legalidad refleja que la Comunidad Autónoma «incumplió» el periodo medio de pago a proveedores, establecido en 30 días, durante ocho meses del ejercicio 2021, situándose en 35,78 días de media, diez más que la media de las comunidades autónomas.

La revisión de la contratación realizada en 2021 revela un gasto de 255 millones de euros comprometido sin seguir los procedimientos. De este gasto, 191 millones son por compra de suministros sanitarios realizada directamente por los centros hospitalarios.

Respecto a la revisión de los contratos, los auditores señalan que las omisiones y errores en la información que la Comunidad Autónoma proporciona a la Cámara de Cuentas «impide» planificar correctamente la fiscalización de la actividad contractual y dificulta la obtención de conclusiones.

En relación con la gestión de los fondos Next Generation UE, que se recibieron en el último trimestre del ejercicio, el trabajo de auditoría cifra en el 20% su nivel de ejecución (102 millones de los 505 disponibles). Los remanentes podrán incorporarse al presupuesto de 2022, si bien el informe advierte que exigirán una carga de gestión adicional que se acumulará a la inherente al segundo desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El informe recoge la fiscalización del gasto en transferencias y subvenciones, que en 2021 fue de 2.117 millones --30% de los gastos totales--. Entre las conclusiones, señala «falta de información» en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón para identificar la mayor parte de las subvenciones directas, un procedimiento de concesión extraordinario frente al de concurrencia competitiva.

Recomendaciones

El informe presenta cinco nuevas recomendaciones, además de las ya formuladas en informes anteriores y aún pendientes de ejecución, como establecer mejoras para identificar a qué contratos corresponden las facturas contabilizadas.

Entre las nuevas recomendaciones, se propone regularizar el saldo de activos construidos o adquiridos para otras entidades; mejorar la información contable sobre financiación afectada, de manera que permita un seguimiento homogéneo en todos los entes sujetos a contabilidad pública; mayor transparencia en la información publicada sobre subvenciones; así como fijar objetivos e indicadores en los planes estratégicos de subvenciones para hacer seguimiento de su impacto.

Algunas incidencias detectadas en 2020 ya solucionadas son la regularización contable de las depuradoras que gestiona el Instituto Aragonés del Agua, el aumento de las provisiones para riesgos y gastos y una información más completa de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.