Igualdad inyecta 70,4 millones de euros para ampliar el crédito de la Renta Valenciana de Inclusión

Así lo ha anunciado la directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell, quien ha explicado que este miércoles se publicó el acuerdo del Consell para liberar 66 millones de euros, además de los cuatro millones liberados a finales de diciembre de 2022, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cortell ha destacado que esta prestación supone «un instrumento fundamental en la lucha contra la exclusión en la Comunitat, además de permitir dignificar a las personas que la perciben que ahora reciben en un único pago todas aquellas cantidades que puedan necesitar para hacer frente a sus obligaciones».

Respecto a la compatibilidad de la RVI con el Ingreso Mínimo Vital, ha señalado que el trabajo de la Generalitat ha sido, desde el inicio, que la nueva prestación del gobierno central puesta en marcha en 2020 «se desarrollara sin dificultar la renta valenciana de inclusión, que es la gran herramienta de la que se dispone en la Comunitat Valenciana en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables».

Asimismo, ha subrayado que desde la Conselleria siempre se ha solicitado al gobierno una «cogestión» de ambas prestaciones y que existe una comisión de seguimiento «para armonizar ambas prestaciones con reuniones periódicas para evaluar y hacer un seguimiento del proceso».

Desde la Comunitat Valenciana, ha asegurado, «se ha trabajado para armonizar las dos prestaciones y no ha afectado a ningún perceptor de la renta valenciana de inclusión», ya que se pueden solicitar las dos prestaciones a la vez sin tener que esperar a obtener el ingreso mínimo vital para pedir la RVI.

Informe sobre rentas mínimas de inclusión

Por otra parte, Cortell se ha referido al Informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que sitúa a la Comunitat Valenciana, junto a Cataluña y Canarias, como las autonomías donde más se reforzaron en 2021 las rentas mínimas de inclusión tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, con incrementos presupuestarios que en el caso de la Comunitat Valenciana y Cataluña superan el 60 por ciento, con un 65,3% y un 60,5%, respectivamente.

El informe también revela la evolución del número de perceptores, y establece que las mismas comunidades que han reducido su gasto reducen significativamente el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en la Comunitat Valenciana.

La directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos ha asegurado que desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «se seguirá reforzando la RVI como el instrumento más potente para luchar contra el empobrecimiento y mejorar la inclusión social con acompañamiento profesional».

Programa pilotem

En esta línea, la directora general ha remarcado el proyecto 'Pilotem Comunitat Valenciana' que se enmarca en el convenio firmado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social para colectivos específicos, aplicando en cada caso objetivos concretos y bien diferenciados para su posterior evaluación, que se adaptarán a las necesidades de cada uno de ellos.

Con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, se ha priorizado como grupos específicos a las mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, jóvenes extutelados, personas sin hogar, familias vulnerables, personas con diversidad funcional o afectadas por enfermedades de salud mental, población LGTBI y personas prostituidas.

Este proyecto está dirigido y supervisado desde la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos de la Conselleria, que se encarga de la coordinación global del proyecto con relación al resto de actores implicados y a la coordinación directa con la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.