Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto contra el auto de octubre por el que el juez Adolfo Carretero denegó la solicitud de Más Madrid, a la que se adhirieron el PSOE y el Grupo Mixto.
Las acusaciones populares interesaban dicha diligencia con la finalidad de conocer los hechos denunciados y la mecánica presuntamente delictiva de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.
Los magistrados esgrimen que desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021 se han ido incorporando a la causa datos identificativos y extractos de las cuentas bancarias de los investigados y personas relacionadas con los canales de circulación del dinero obtenidos de las mascarillas.
Añade que este servicio no dispone de otra información adicional, lo que «en caso de producirse se deberá dar traslado al Ministerio Fiscal, quien a su vez solicitará que se aporte a la causa a efectos de dirigir en su caso acusación por un delito de blanqueo de capitales»
En un escrito, el fiscal anticorrupción ya se opuso a incluir el informe en el procedimiento en base al artículo 46 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Dicho artículo establece que la información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera tendrán «carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido».
El citado documento cuenta con información bancaria que ya está incorporada en la causa. En el sumario consta que fueron las entidades bancarias empleadas por los comisionistas quienes dieron la voz de alarma al detectar el ingreso por parte de Luis Medina y Alberto Luceño de elevadas sumas de dinero con justificaciones sospechosas.
En el caso del hijo menor de Naty Abascal el ingreso por la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid era de un millón de euros mientras que su socio elevó a 5 millones la cantidad ingresada en sus cuentas bancarias.
Fue entonces cuando los bancos avisaron al servicio de prevención de blanqueo de capitales y éste alertó a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en noviembre de 2020.
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