Esta es una de las novedades del proyecto de ley de medidas contra el despoblamiento de la Comunitat Valenciana que se encuentra en estos momentos en Les Corts para su tramitación, tras haber sido aprobado por el pleno del Consell el pasado 13 de enero, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Se considera que un municipio se encuentra en riesgo de despoblamiento cuando cumple al menos cuatro de los seis indicadores que se establecen en la ley referidos a densidad de población, crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria.
Si bien los indicadores no cambian con la nueva norma, ahora únicamente es necesario cumplir cuatro requisitos cuando antes había que cumplir al menos cinco.
La directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), Jeannette Segarra, ha señalado que «la nueva ley flexibiliza los criterios para acceder al Fondo de Cooperación para lucha contra la despoblación de modo que se ampliará el número de municipios que se beneficiarán de estas ayudas». «No es la primera vez que este fondo se amplía, en 2021 se modificó el decreto para que todas las localidades de menos de 300 habitantes entren directamente», ha apostillado.
Impacto rural
El proyecto de ley también establece que la Generalitat Valenciana incorporará el 'rural proofing' o 'mecanismo rural de garantía' a sus proyectos y leyes con el objetivo de que beneficien especialmente a los municipios más pequeños y se ajusten mejor a sus necesidades y realidades. Este proceso, recomendado por la Unión Europea, facilita la evaluación de las iniciativas comunitarias.
«Las leyes de la Generalitat y sus planes sectoriales incorporarán un informe de perspectiva rural que detallará su impacto en términos demográficos y de cohesión territorial», ha subrayado Segarra, al tiempo que ha resaltado que «el objetivo no es añadir un documento más a la tramitación administrativa, sino disponer de un informe realmente útil que nos revele datos clave a la hora de aplicar medidas».
En la norma también se establece que el Consell destinará al menos el 0,1 por ciento del presupuesto de gasto no financiero de la Generalitat a luchar contra la despoblación, un aspecto que ya se cumplía en las cuentas de la Generalitat, pero cuyo compromiso queda ahora reflejado en un documento legal.
Amplio paquete de medidas
La nueva ley tiene un carácter transversal y contempla un amplio paquete de medidas en materia sanitaria, educativa, de atención social, empleo, transporte, vivienda, cultura, justicia, mayores, juventud, igualdad de género, o tecnologías de la información, entre otras.
Según la norma, para llevar a cabo estas medidas en materia demográfica, el Consell diseñará una planificación estratégica con un horizonte temporal a 10 años.
En el ámbito sanitario, el texto destaca que se atenderán las particularidades de estos municipios en el acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias y se mantendrá la atención presencial, al tiempo que se promoverá la telemedicina.
En materia educativa, se impulsará especialmente la estabilización de las plantillas docentes en la escuela rural y se incentivará la ocupación de plazas de difícil cobertura. Asimismo, se promoverán servicios itinerantes de actividades extraescolares.
Respeto a los servicios sociales, se impulsará que los destinados a personas dependientes estén ubicados a un máximo de 20 kilómetros del entorno vital y se favorecerá atención en el domicilio y en el entorno social próximo. Además, se dispondrá de forma preferente la teleasistencia avanzada a personas mayores que vivan solas o en domicilios aislados.
También se establece en la nueva ley que los Juzgados de Paz se transformarán en oficias judiciales tecnológicamente avanzadas y se apuesta por los servicios de orientación jurídica de proximidad.
En materia cultural se plantearán medidas contra el aislamiento y la soledad no deseada y se diseñarán medidas para evitar la exclusión. Se promoverán instrumentos innovadores como los bancos de memoria o de recuerdos, para dar valor y conservar el conocimiento y las experiencias acumuladas por las personas mayores, relacionados con los saberes tradicionales, las costumbre, las festividades y los antiguos oficiaos del medio rural.
"atender todas las sensibilidades"
Jeannette Segarra ha explicado que en la elaboración de la ley «se ha tratado de atender todas las sensibilidades y se ha tomado para ello como base la experiencia que ha supuesto la Estrategia AVANT». En este punto la directora general ha recordado que «desde el Consell hemos dado un vuelco a las políticas de despoblación, que han pasado de no existir en 2015 a ser un área prioritaria de nuestra acción».
Igualmente, ha destacado que la nueva ley contra el despoblamiento «consolida y aporta seguridad jurídica a muchos aspectos que, aunque ya se cumplían no aparecían reflejados con carácter legal, de forma que garantiza que en el futuro se seguirá apostando por estas políticas».
Inyección de 331,4 millones
La Generalitat está destinando 331,4 millones a los municipios de la Comunitat Valenciana a lo largo del periodo 2017-2023 a través de cuatro fondos orientados a promover las inversiones en infraestructuras y servicios, a impulsar el turismo, a luchar contra la quema de espacios forestales y a frenar la despoblación a lo largo de todo el territorio.
Se trata del Fondo de Cooperación Municipal (280 millones), el Fondo para Municipios Turísticos (21 millones), el Fondo contra el Despoblamiento (20,9 millones) y el Fondo de Prevención de Incendios y Gestión Forestal (10 millones), que tienen como objetivo de vertebrar territorialmente la Comunitat Valenciana e impulsar el desarrollo de sus entidades locales.
«Es el presupuesto más ambicioso en la historia de la Generalitat. Con la creación de los fondos de cooperación, desde la Generalitat estamos contribuyendo a reforzar la autonomía de los entes locales, con ayudas no finalistas que incrementan la capacidad económica de los pequeños ayuntamientos lo que les permite mejorar los servicios públicos a la ciudadanía», ha concluido la directora general de AVANT.
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