La ley ha sido anunciada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y la diputada Esther Rodríguez ha informado la formación en un comunicado.
La Proposición de Ley incluye, entre otras medidas, la adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a las personas afectadas y el restablecimiento de infraestructuras públicas mediante la reconstrucción económica y social del municipio de San Fernando de Henares a través de la cooperación y colaboración entre las distintas administraciones implicadas.
«Frente al desprecio, el insulto y la falta de empatía por parte de Ayuso, me siento orgullosa de demostrar que hay otra política que atiende, acompaña y se esfuerza en que los madrileños vivan mejor. Por ello, proponemos soluciones reales, inmediatas y que se hacen cargo del sufrimiento de centenares de familias», ha trasladado García.
Por su parte, la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez ha añadido que «proponemos una ley que ofrezca un suelo normativo sobre el que reconstruir sus vidas a las personas afectadas y que asegure compensaciones económicas dignas para reparar esas vidas rotas». «El Gobierno debe aliviar el sufrimiento, no ahondar en él, y desde Más Madrid nos comprometemos a acabar con la política de parches y excusas que el PP ha mantenido hasta ahora», ha lanzado.
Entre otras medidas, proponen indemnizaciones inmediatas a los afectados por la pérdida de su vivienda. Esto supone la suma entre la tasación de la vivienda, más 65.000 euros por daños materiales y 30.000 euros más por daños morales.
La reparación de los inmuebles afectados no derribados, garantizar el acompañamiento institucional a los vecinos mediante el asesoramiento, la intermediación, o el refuerzo psicológico. Se propone una subvención para financiar prestaciones básicas de servicios sociales.
La Puesta en marcha de una línea de ayudas a comerciantes que han visto paralizado su negocio. Se concederán ayudas para paliar daños de cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial. Además, piden que se recuperen los servicios públicos liquidados por los derribos, tales como la escuela oficial de idiomas o escuelas infantiles.
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