La Junta ha exigido este viernes que se garantice el suministro eléctrico a los ciudadanos que tienen contrato y que están afectados por los cortes de luz en la zona Norte y en otros puntos de la provincia de Granada, al tiempo que ha anunciado la apertura de un expediente informativo para la actualización de la auditoría energética a las empresas suministradoras.
Así lo ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, tras mantener una reunión con los delegados de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, Gumersindo Fernández; de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos; Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda, Antonio Ayllón; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Inmaculada Hernández, y el gerente de AVRA, Juan Cobo.
Granados ha señalado que la Junta «es una afectada también por los cortes de luz» y desde la pasada legislatura ha mantenido «numerosas reuniones técnicas y políticas» y se ha incorporado a la reunión contra los cortes de luz en la Subdelegación del Gobierno. «Pero llevamos cuatro años trabajando y pedimos soluciones ya», ha incidido.
«Vamos a abrir expediente informativo para la actualización de la auditoría energética a las empresas suministradoras Endesa y otras, vamos a incrementar las inspecciones para valorar esa auditoría energética, en el ámbito de nuestras competencias, porque en las anteriores hemos visto que había un número importante de enganches ilegales de luz», ha dicho Granados, quien reconoce que a la Junta «le preocupan las personas electrodependientes» y «se han facilitado baterías a las personas que necesitan oxígeno u otras patologías».
El delegado ha mostrado «total apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pues son grandísimos profesionales», pero ha opinado que el número de efectivos «se está demostrando que es insuficiente».
«Solicitamos el incremento de efectivos policiales, el incremento de técnicos e inspectores de las empresas suministradoras y es muy importante que el Gobierno valore la creación de una Fiscalía especializada y dotada en la provincia para persecución del cultivo y trafico de marihuana», concreta. Asimismo, Granados ha pedido que se modifique el Código Penal y se agraven las penas por defraudación de suministro eléctrico para el cultivo de estupefacientes.
«Es importante la unidad de criterios en el ámbito jurisdiccional, llevamos cuatro años trabajando y estamos cansados, hay que hacer algo más y no sólo reunirnos y decir lo que cada administración hace, sino hacer un seguimiento de las responsabilidades y competencias de cada uno. Dar respuesta a situaciones dramáticas que, en un segundo, pasan de ser una normalidad a ser un gran problema, como las personas de elevada edad que no pueden acceder a sus viviendas porque no funciona el ascensor. Pero, insisto, la Junta de Andalucía es una afectada también», concluye.
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