La coalición valenciana también ha emplazado a topar los precios del alquiler a través de la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda y ha recordado otras de sus propuestas en materia de vivienda, durante un desayuno informativo en el que han participado el portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset; la síndica de Les Corts y número dos de la lista por València, Papi Robles, y la concejala de Vivienda, Isabel Lozano.
Fuset ha expuesto que la dificultad de acceso a la vivienda es un «problema que está mutando en los últimos años» hasta convertirse en una «auténtica emergencia», que requiere de «medidas expecionales» y la «máxima coordinación» entre las distintas administraciones y dentro de los diferentes áreas de gestión municipal, especialmente Desarrollo Urbano y Vivienda, para ofrecer una «respuesta global».
En ese sentido, Isabel Lozano ha advertido que muchas de las medidas para hacer frente a la problemática «se están reivindicando en la Ley Estatal de Vivienda» y que los ayuntamientos disponen de «menos herramientas». «Pero una fundamental que nos permite controlar la planificación es el PGOU» y las políticas de urbanismo son una «herramienta clave», ha apuntado.
Un plan que, ha recordado Papi Robles, marca la planificación de la ciudad y data del año 1988, cuando «se planteaba que la ciudad debía crecer hasta el millón y medio de habitantes», y que «da respuesta a las necesidades de las constructoras» pero no de la ciudadanía, ha lamentado, antes de denunciar que «se está utilizando la vivienda como un bien de mercado» y no un derecho. «Muchos barrios, con planes de actuación integral, nos están diciendo que este no es el urbanismo que da respuesta al modelo que queremos», ha añadido.
Por ello, los representantes de Compromís han recordado su propuesta de actualizar el PGOU, una revisión que iría precedida de una moratoria de dos años, para «básicamente prohibir el cambio de uso de edificios enteros residenciales a uso terciario» y que no se transformen en hoteles, apartamentos turísticos, residencias de estudiantes y «toda la tipología que no sea residencial a largo plazo».
Lozano ha recuperado un estudio de vivienda que muestra la evolución entre 2017 y 2021 del cambio de usos en las viviendas residenciales, y que muestra cómo este se extiende especialmente por la Saidia, Extramurs y Grau con un crecimiento de la tipología turística, con 263 viviendas que han cambiado a uso terciario durante ese periodo.
A partir de esta información, la edil ha recuperado su propuesta «conservadora» de actuar en estas zonas de la ciudad para restringir estos cambios a través del PGOU y «proteger su uso residencial». Además, ha incidido en que esta propuesta está «absolutamente en sintonía» con la propia Ley de Urbanismo y el Plan Especial de Directrices para la Mejora de la Calidad Urbana, que establece un máximo del 20% de uso terciario en edificios residenciales. «Es urgente que avancemos en esa línea y hagamos una propuesta ya clara al respecto», ha defendido.
Desde Compromís han reconocido que modificar el PGOU de este modo es un «reto grande» que puede «abarcar una legislatura entera», pero han subrayado su disposición a afrontarlo.
Topar precios
La responsable de Vivienda ha explicado que el alquiler de una vivienda de tamaño medio, de unos 85 metros cuadrados, se sitúa en una horquilla entre los 650 y 900 euros en València, una «situación muy grave» que «justifica» la necesidad de topar los precios en la norma estatal.
En caso de que el Ejecutiva no quiera hacerlo, piden que traspase las competencias a las CCAA y Ayuntamientos que, como el de València, tengan una «voluntad decidida de poner orden y control».
A preguntas de los medios sobre qué importe máximo serían partidarios de establecer, los representantes de la coalición han señalado que sería una cifra que no superase el 30% de los ingresos medios de las familias que viven en la zona, porque de otra manera no sería una vivienda «verdaderamente asequible». Para concretar el tope, han apostado por el diálogo social y contar con expertos en el mercado somo las propias inmobiliarias.
El portavoz de Compromís ha remarcado que limitar los precios el alquiler «no es una cosa bolivariana y comunista» y ha recordado los ejemplos de control de precios de las mascarillas.
Desde Compromís han advertido que la ciudad vive un proceso de «elitización» de los barrios y «expulsión de una determinada población con ingresos y bajos» a favor de un «alquiler para clases de poder más elevado». «La ciudad no es un monopoly», ha defendido Fuset.
Por otro lado, Compromís ha destacado que la potenciación de la colaboración público-privada será «clave» en los próximos meses y la siguiente legislatura para abordar esta problemática, a través de diferentes líneas como la oferta de derechos de superficie destinada a cooperativas o colectivos de 'seniors' o la construcción directa de residencias en espacios municipales encaminada a potenciar el alquiler asequible. Asimismo, han reclamado más recursos para invertir en la compra y construcción de vivienda pública.
Apartamentos turísticos y especulación de extranjeros
Otra de las «claves», para la formación, pasa por un «control más estricto» de los apartamentos turísticos y la compra de viviendas con fines especulativos por parte de no residentes y extranjeros, siguiendo la estela de las políticas de países como Canadá.
Sobre cómo se podría aplicar esta última medida, desde Compromís han explicado que el consistorio lo estudiará y que se podría «aprovechar» el debate de la Ley Estala de a Vivienda, para perfilarla porque trasciende el ámbito municipal. Un ejemplo sería requerir de un mínimo de tiempo empadronado para poder adquirir una vivienda.
Además, han reclamado al secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que «ponga los medios para que los ayuntamientos tengan capacidad de inspección y puedan cerrar los apartamentos ilegales». Según datos de noviembre de 2022, hay 1.328 apartamentos turísticos legales en la ciudad con una ocupación media del 62%. «No son una necesidad, están infraocupados», han comentado. Para Fuset, «si Colomer hubiera dedicado la mitad de los esfuerzos de combatir la tasa turística en combatir el apartamento turístico, hoy estaríamos hablando de otra situación».
Lozano también ha destacado algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo, como las ayudas al alquiler, que si bien son «parches» hasta limitar los precios, «ayudan» a hacerlos frente y cuyo montante se ha aumentado de los 2,4 a los cuatro millones.
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