La previsión es distribuir más de 1.000 millones de euros, además de la cantidad necesaria para sufragar las consecuencias de la firma y aplicación del Convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas.
Así lo han puesto de manifiesto los máximos responsables universitarios en rueda de prensa este miércoles con motivo del relevo en la portavocía de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, que pasa de la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, al rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla.
Navarro ha destacado que el sistema valenciano es «uno de los más potentes de España» y ha repasado los hechos «más relevantes» que ha abordado durante su mandato, de entre los cuales ha mencionado el relevo al frente de la Conselleria de Universidades --con la llegada de Josefina Bueno en sustitución de Carolina Pascual-- y la negociación del plan de financiación.
Sobre este último asunto, ha valorado el «gran esfuerzo» por parte de las cinco universidades valencianas y ha incidido en que durante la negociación con la Generalitat se vivieron momentos «bastante críticos» sobre todo en lo referente a los presupuestos autonómicos, puesto que se puso a las universidades «en situación de insuficiencia financiera». Al respecto, Navarro ha indicado que esperan alcanzar este año un acuerdo sobre el plan de financiación.
La rectora ha apuntado que otra cuestión que parece haberse resuelto «favorablemente» es la modificación del real decreto que tenía «colapsado» el convenio colectivo con el personal laboral de las universidades públicas. Una situación que ha indicado, a la vista que el borrador está «encima de la mesa», parece que su aprobación será «inminente».
Seguidamente, ha avanzado que otra «gran cuestión» que afectará a las instituciones universitarias, en especial «a partir de marzo», será la también «inminente» publicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ha asegurado que «modificará gran parte de las figuras docentes y requerirá modificar los estatutos y toda la normativa de desarrollo para adecuarnos a la nueva norma».
La ley, ha apuntado, fija un plazo de dos años para su implantación e incluye «por primer vez» el principio de suficiencia y autonomía financiera y fija el compromiso de destinar el 1 por ciento del PIB en inversiones para la educación superior.
"deuda histórica" y financiación
Por su parte, José E. Capilla --que ha asegurado que es «un honor» recibir el cargo de parte de Navarro, a quien ha reconocido «toda la labor que ha hecho por el sistema universitario»-- ha abordado las cuestiones que los rectores tienen «sobre la mesa en este momento».
En primer lugar, Capilla ha agradecido a la Generalitat su «esfuerzo» por haber abonado la deuda histórica a las universidades, una circunstancia de la que se ha felicitado y que ha subrayado que ayudará a «paliar los problemas cronificados y a renovar equipos e infraestructuras».
No obstante, el responsable académico ha hecho hincapié en que la prioridad ahora es el «reto» de abordar el plan de financiación y se ha mostrado confiado en que así será, tras reivindicar la necesidad de contar con un modelo «moderno» para hacer frente a una oferta formativa que cambia «cada vez más rápido». «No será perfecto para nadie, pero nos ayudará a guiar el futuro de nuestras universidades», ha asegurado.
Así, ha indicado que los equipos económicos, una vez recibido el modelo por parte de la Generalitat, se emplazaron a trabajar y, de hecho, se han reunido «todas las semanas». En este sentido, ha avanzado que esperan llegar a una conclusión «lo antes posible» y ha precisado que ha fijado la fecha para «finales de febrero» con el fin de «llegar a marzo con alguna conclusión».
También ha indicado que otro de los asuntos que se abordará durante su mandato al frente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas será el despliegue de la LOSU, una cuestión «compleja» que, además, se vivirá «en un momento de elecciones autonómicas».
Por ello, ha avisado de que «algunas partes» de este desarrollo legar de cara a redactar y aplicar los estatutos «no las vamos a tener» por esta circunstancia y ha apuntado que determinadas cuestiones «se tendrán que corregir en el futuro». «Tendremos que hablar las cinco universidades para llegar a acuerdos y a un planteamiento sobre cómo organizar la parte de los estatutos que es vital para funcionar la universidad», ha expresado.
La losu, "papel mojado"
Sobre la LOSU, Capilla ha advertido, a título personal, de que, además de determinados «beneficios», también ve «pegas», por lo que ha expresado su «preocupación» puesto que los «problemas» que ocasione la ley tendrán que ser «corregidos» en los estatutos, circunstancia que obligará a realizar un «importante esfuerzo» a las universidades.
Concretamente, el rector de la UPV ha considerado que el compromiso de garantizar que el 1% del PIB se destine a inversión en educación superior es «papel mojado» y se ha sumado a las reflexiones del que fuera presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) Roberto Fernández al asegurar que la ley «tiene cosas que son peligrosas» para la universidad.
Sobre este asunto, Capilla ha criticado por un lado que durante el trámite parlamentario de la ley «han entrado cosas más peligrosas» como «la posibilidad de que los claustros puedan expresar pronunciamientos políticos» y ha advertido: «Esto podría ser algo que contaminara todos los procesos electorales dentro de las universidades». Frente a ello, ha defendido que estas entidades deben ser «abiertas a todas las ideas» y han de «colaborar siempre con el gobierno y la ciudadanía».
La ley "viene sin memoria económica"
Por otro lado, ha mostrado su «preocupación» sobre el apartado de la temporalidad: «Está muy bien plantear reducirla, todos lo aplaudimos, pero para ello requerimos de unos recursos económicos que no se nos dan». Asimismo, ha denunciado que la LOSU «ha venido sin memoria económica», por lo que se ha preguntado «cómo va a ser viable desarrollar» la norma.
Ante estas situaciones, Capilla ha indicado que las universidades tendrán que trabajar en el desarrollo de sus estatutos para «resolver» en ellos las cuestiones que «puedan ser malas» en la ley. «Hay muchos temas que resolver», ha asegurado, al tiempo que ha augurado que «no va a ser sencillo».
En esta línea, ha avisado de que es «posible» que el gobierno valenciano tenga que renovar la ley de universidades para la aplicación de la LOSU, así como que «faltarán los desarrollos legales de los decretos del Gobierno». «Sin tener eso claro, es casi imposible hacer unos estatutos, o hacerlo con el riesgo de cambiarlos a los seis, diez o doce meses, en función del desarrollo legal», ha censurado.
«Lo que tenga que hacer el gobierno valenciano, por mucha prisa que se dé, como hay elecciones, vamos a tener que esperar a finales de otoño o principios del año que viene», ha añadido.
Por último, Capilla también ha mencionado otras cuestiones que le «preocupan», como lo relacionado con las prácticas curriculares y extracurriculares o la huelga de profesores asociados, asuntos que ha incidido en que «varían mucho en las distintas universidades».
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