El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los apoyos de los grupos Socialista, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía, y gracias a la abstención del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, instar a la Junta a «cumplir los preceptos establecidos en la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y garantizar el libre derecho de las mujeres andaluzas a abortar en la sanidad pública andaluza y, en cualquier caso, dentro de su provincia».
Así se recogía en el primero de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves en el Pleno el grupo Por Andalucía, que ha contado con el rechazo de Vox en su integridad, y que se ha votado por separado en dos bloques, de forma que el primero sí ha sido aprobado, mientras que el segundo ha quedado rechazado.
De este modo, el PP-A se ha abstenido y el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han respaldado la primera reivindicación de esta iniciativa planteada en defensa del «ejercicio del derecho al aborto».
Sin embargo, el PP-A ha votado, igual que Vox, en contra del resto de la iniciativa, que ha quedado así rechazado, y que incluía reivindicaciones como la de instar a la Junta desde el Parlamento a «sufragar los costes de desplazamientos que las mujeres deban realizar si su IVE --interrupción voluntaria del embarazo-- se practica fuera de su distrito sanitario».
«Adoptar medidas de transparencia activa para que sea público el número de profesionales sanitarios que han ejercido el derecho a la objeción de conciencia en cada centro hospitalario o distrito sanitario público» era otra reivindicación que Por Andalucía quería que el Parlamento trasladase a la Junta, además de emplazarle a «adoptar medidas de control de que el personal objetor de conciencia en la sanidad pública también lo es en la sanidad privada».
Además, Por Andalucía quería con esta iniciativa instar a la Junta a «garantizar que en las distintas convocatorias de ayudas y subvenciones destinadas por el conjunto de consejerías a información, asesoramiento a mujeres embarazadas, o cualquier otra actividad relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluido el respeto a su derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo con la plena garantía de su ejercicio, no resultan beneficiarias asociaciones y entidades que son manifiestamente contrarias a la normativa vigente en materia de aborto, y que protagonicen o promuevan actividades tendentes a torcer la voluntad de las mujeres que quieren ejercer su derecho».
Finalmente, la confluencia de Podemos, IU y Más País quería que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a «garantizar en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos la información sobre salud sexual y reproductiva, protección ante enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, adaptando los contenidos a la edad del alumnado».
Posicionamiento de por andalucía
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha intervenido en defensa de esta PNL que sostiene que, «formalmente», en esta región «se cumple» la citada Ley 2/2010, pero «lo cierto es que la Junta solo dispone de un hospital público que practique abortos, derivando a la sanidad privada, vía conciertos, la práctica totalidad de las IVE que se realizan en nuestra comunidad».
Al respecto, la iniciativa señala que, en Andalucía, el 99% de los abortos se practican «en la sanidad privada, lejos de la media estatal situada en el 88%», y denuncia el «flagrante y reiterado incumplimiento» de la ley estatal en Andalucía, con un «exponente máximo» de ello en la provincia de Jaén, «en la que la Junta de Andalucía reconoce que no se practican abortos en el sistema público ni existe concierto alguno con clínicas privadas para que las mujeres que así lo decidan puedan abortar sin desplazarse fuera de su provincia».
Además, desde Por Andalucía han criticado que «los gastos de desplazamiento ocasionados a las mujeres, y que deben ser adelantados por las mismas, con independencia de su situación económica, no son reembolsados a éstas por la Junta de Andalucía, lo que supone una traba más que añadir a las mujeres que cumpliendo los requisitos legales deciden interrumpir su embarazo».
Pp-a defiende que "en andalucía se cumple la ley" del aborto
En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP-A Ana Mestre ha acusado a los impulsores de esta iniciativa de querer «hacer ver algo que no está siendo y no ha sucedido» en Andalucía, porque en esta comunidad «se cumple la ley» del aborto «desde hace ya 13 años», según ha remarcado.
En esa línea, ha denunciado que los proponentes «quieren distorsionar la realidad para crear un miedo real en el sentimiento de las mujeres», para «avivar una guerra de conciencia», algo que ha tachado de «mala política» y de «canallada», porque supone usar la política «para el enfrentamiento», y para «sembrar miedo, asco e ira», según ha reprochado.
La parlamentaria del PSOE-A Mercedes Gámez ha incidido en reivindicar en su intervención que existe el «derecho constitucionalmente reconocido a decidir sobre el propio embarazo» por parte de las mujeres, así como ha remarcado la «obligación de la administración» de velar por «que se ejercite ese derecho en su integridad», tras lo que ha emplazado además al PP a «acabar» a con su «fea y muy mala costumbre» de recurrir ante el Tribunal Constitucional «cualquier avance en derechos sociales» que se da en este país.
Además, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber «regado de dinero a las asociaciones que amedrentan a las mujeres en el ejercicio de su derecho» con «hostigamiento» hacia ellas.
La diputada de Vox Mercedes Rodríguez ha mostrado su preocupación por que en este país se vaya a reconocer el aborto como «un derecho humano», cuando se atenta contra el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, al tiempo que se vulnerará «con total impunidad el derecho a la tutela legal efectiva».
Además, ha criticado la actitud del PP de haber acabado renunciando «a seguir defendiendo el derecho a la vida», y ha denunciado la falta de ayudas «no para disuadir a quien quiera abortar, sino para la mujer que sí desea tener sus hijos» y que, por cuestiones sociales, laborales o económicas, tiene dudas, algo que «carece de toda racionalidad», ha añadido la diputada de Vox.
Por último, la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha considerado que, en la comparativa con el Gobierno de Castilla y León, donde el PP gobierna en coalición con Vox, que en Andalucía «el PP hace cosas peores», como destinar «700.000 euros a asociaciones antiabortistas», a lo que ha sumado el ejercicio de «externalizar la sanidad pública, con la excusa de la objeción de conciencia» de los médicos, por cuanto hay «desviaciones a la sanidad privada en el 100% de los casos».
Mora ha expresado que «estamos de acuerdo con esta PNL, que, en un Estado de Derecho con una buena calidad democrática, no debería estar debatiéndose», según ha opinado.
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