El Gobierno, de su lado, viene señalando que el paro técnico ha registrado hasta el momento un pico máximo de seguimiento del 60,94 por ciento en Córdoba en una de las jornadas y un mínimo del 4,17 por ciento en la provincia de Jaén otro de los días, según datos del Ministerio de Justicia recogidos por Europa Press.
En concreto, el Ministerio de Justicia ha registrado en la provincia de Almería una incidencia máxima del paro técnico del 39,68 por ciento, en uno de los días de la convocatoria de huelga; y una mínima del 15,87 por ciento en otra de las jornadas, desde que comenzase la huelga hasta este mismo lunes. En el caso de la provincia de Cádiz, la incidencia máxima ha sido del 36,28 por ciento en una de las jornadas y la mínima del 8,7 por ciento.
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En Córdoba se ha llegado a registrar un seguimiento máximo del 60,94 por ciento en una de las jornadas, mientras el mínimo está en el 43,08 por ciento otro de los días. En Granada, el máximo seguimiento ha llegado a ser del 26,51 por ciento, frente a un mínimo del 5,95 por ciento en otra de las jornadas.
En el caso de Huelva, ha registrado un seguimiento máximo del 37,28 por ciento una de las jornadas y un mínimo del 13,33 por ciento en otro de los días, mientras en Jaén el máximo ha sido del 30,43 por ciento y el mínimo del 4,17 por ciento.
En la provincia de Málaga, el seguimiento máximo fue contabilizado un día con el 31,17 por ciento de seguimiento, con un mínimo del 9,8 por ciento otro día; mientras en la provincia de Sevilla la máxima incidencia fue una jornada con el 38,27 por ciento de seguimiento, frente a un mínimo del 12,96 por ciento otro de los días del paro técnico.
Los motivos de la huelga
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas» a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, «e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que según el colectivo ha provocado un «insoportable desequilibrio».
La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, para que «las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».
Las entidades convocantes, así, señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Pero el Gobierno central asegura por su parte que merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero «un incremento de complementos de 206,87 euros» por persona.
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