El Ayuntamiento de Carboneras maneja dos alternativas para desclasificar el Algarrobico, entre ellas un nuevo PGOU

Los servicios técnicos dan como «alternativa» aprobar una modificación «parcial» de lo que llama «instrumento de planeamiento general del PGOU» para declarar el sector sobre el que se levanta el hotel de Azata como suelo de especial protección por estar enclavado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El informe, que ha sido comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), baraja dos opciones para dar cumplimiento a la sentencia firme desde 2018, que declara el sector ST-1 como suelo no urbanizable, pero aboga por un «nuevo PGOU debido al cambio de normativa urbanística autonómica de Andalucía».

Asegura que este último sería el «documento urbanístico óptimo» para recoger «las modificaciones sectoriales que afectan» al municipio de Carboneras «con la cartografía precisa propia del año 2023», y alude al deslinde del dominio público-terrestre, que también invade parcialmente la edificación, y al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y plan rector de usos y gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La otra alternativa que ofrecen los servicios técnicos municipales pasa por «la modificación parcial» del PGOU tanto en El Algarrobico como en el sector ST-2 o Canillar «eliminando la clasificación urbanística vigente por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la legislación sectorial modificada por sentencia judicial que los califica como suelo no urbanizable con grado de protección 'C1 o áreas naturales de interés general'».

El informe, consultado por Europa Press, desgrana los pasos que ha dado el Ayuntamiento en los últimos cinco años, aunque ninguno ha fructificado y el Algarrobico continúa siendo urbanizable.

Hace referencia a que, en 2018, se dio cuenta al Pleno carbonero de un decreto por el que se daba por cumplida la sentencia, se acordaba publicar en BOP el «cumplimiento», comunicarlo a la Junta y ordenar a los servicios urbanísticos «insertar en el PGOU una diligencia del fallo», así como proceder a la adaptación de la planimetría «incluyendo la nueva zona de protección del dominio público marítimo-terrestre».

Detalla, en un nuevo intento ya con la actual corporación, que el Ayuntamiento ha tramitado el documento 'Modificación número 1' del planeamiento «con objeto de dar cumplimiento a la sentencia» y que de la modificación «tomó conocimiento», que no aprobó, el Pleno al tiempo que se publicó en el BOP en septiembre de 2021.

Los servicios técnicos municipales le ponen, sin embargo, un 'pero' ya que, según apunta esta modificación «incluye correcciones referidas al sector industrial SI-2 y al Sistema General del Parque Periurbano de El Pocico, que no proceden» y añaden, además, que este «documento urbanístico no ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos» de la Junta de Andalucía.

Este 'pero' les lleva a indicar que, en este caso, el «documento urbanístico óptimo» para dar cumplimiento a la sentencia sería un nuevo PGOU.

Por otro lado, el Ayuntamiento carbonero ha comunicado al TSJA, en respuesta a su requerimiento de informe quincenales, que una vez este informe «ha sido incorporado» al expediente, «únicamente» resta para que se ejecute «íntegramente» el fallo la «emisión de un informe» por la secretaría municipal «a fin de convocar el Pleno que habrá de aprobar la modificación del planeamiento». Asimismo, ha vuelto a pedir que le amplíe el plazo para cumplirla.

Greenpeace advirtió la semana pasada al TSJA que la petición municipal de «más tiempo» para ejecutar la sentencia que le obliga a la recalificación tras encargar un «nuevo informe» era una «nueva maniobra dilatoria» del alcalde para «simular que tiene interés» en cumplir con los requerimientos judiciales e hizo referencia a un informe en la misma línea de 2020.

Afirmó que el alcalde estaba «rehuyendo cumplir con su obligación de ejecutar la sentencia» y que, ante esta situación, procedía que se fijase «un plazo prudencial» a partir del cual «entrarán en vigor las medidas coercitivas» que se acordaron en julio como multas semanales de 250 euros o denuncia a la Fiscalía por presunto delito de desobediencia.

«Hace casi cinco años que el Ayuntamiento carbonero viene simulando tener interés en ejecutar la sentencia», remarcó para aludir al acuerdo plenario de julio de 2018 que «aún continúa pendiente de cumplirse pese al largo periodo de tiempo transcurrido».

El Tribunal Supremo (TS) falló recientemente que la licencia municipal de obras es «plenamente legal» 20 años después de su concesión ya que se ajusta al planeamiento urbanístico de Carboneras por no haberse modificado el PGOU y supedito su anulación como paso previo a la demolición del inmueble a la revisión de oficio de la citada licencia por parte del Ayuntamiento carbonero.