Dos técnicos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han declarado este miércoles que la interventora del departamento de Cultura de la Generalitat alertó de que en 2013 la institución había hecho toda su contratación en base a contratos menores y que debía usar otro tipo de contratación con concurrencia pública, y pese a ello la entonces directora de la ILC, Laura Borràs, mantuvo los contratos menores.
Lo han dicho al testificar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el juicio en el que la presidenta de Junts se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por presuntamente fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público a su amigo Isaías H., también acusado.
Las instrucciones del departamento recomendaban recabar al menos tres presupuestos distintos para contrataciones superiores a 3.000 euros, y la entonces administradora de la ILC ha contado que detectó que «los recibía todos por parte de una única persona», por lo que pidió quedar al margen y que los presupuestos llegaran directamente a Borràs.
En este sentido, Isaías H. ha confesado durante el juicio que pactó con Borràs fraccionar en contratos menores el trabajo durante años para la página web de la ILC y que, usando datos de distintas empresas y cooperativas, y en algunos casos de personas individuales sin que ellas lo supieran, presentaba el presupuesto correcto acompañado de dos presupuestos «comparsa» que ya sabía que serían rechazados.
«Estaba claro que todos los trabajos los hacía Isaías, porque nosotros estábamos adjudicando contratos a empresas diversas para llevar las tareas de la web de la ILC, pero eran unas tareas que hacía siempre Isaías, y eso me sorprendía pero les sorprendía a todos en la ILC», y ha añadido que, ya a principios de 2013, sugirió a Borràs hacer un contrato negociado en lugar de varios contratos menores, pero ella lo rechazó.
"no era como se pretendía"
Al año siguiente, la funcionaria insistió: «Dije que hacía falta hacer un contrato negociado porque vi que aquello no era como se pretendía dar a entender. Y quería hacerlo de acuerdo al marco legal vigente y cumpliendo con los requisitos de libre concurrencia y publicidad».
La trabajadora pidió una reunión con el jefe de gestión económica y contratación de la dirección de servicios de Cultura con la intención de que respaldara su advertencia de que había que cambiar el método de contratación, «pero la directora dijo que no, dijo que se siguiera haciendo como se hacía».
También ha explicado que en 2014 acompañó a Borràs a una reunión con la interventora general del Departamento de Cultura para abordar esta cuestión, y que ésta avisó de que la contratación menor era «reiterada y repetitiva, que se podía hacer de manera diferente y que, a simple vista, se veía que se podía estar infringiendo el marco legal de esta momento porque parecían fraccionados».
Sin embargo, ha asegurado que la actual presidenta de Junts defendió su actuación y justificó la decisión de hacer contratos menores porque «se trataba de temas diferentes».
Roger e.
Cuando esta funcionaria estuvo de baja médica la sustituyó Roger E., que también estuvo investigado en la causa pero tras aportar nuevas pruebas contra Borràs --entre otras, audios donde le pedía que la avisara si los Mossos volvían a la ILC-- finalmente no está acusado y ha declarado como testigo.
Roger E. ha contado que Borràs le pidió que asistiera a una reunión con la interventora del departamento: «Expuso que, habiendo revisado la contratación de 2013, había visto que la contratación de la ILC era 100% basada en contratos menores, y consideraba que esto no era lo más recomendable».
Ha afirmado que, cuando llegó a la ILC, se encontró «ya apalabrados o adjudicados verbalmente una serie de contratos vinculados a los servicios informáticos» pero para los que no se presentaron los presupuestos hasta semanas después.
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