Esto permitiría que la Administración autonómica pudiera levantar 226 pisos de alquiler para jóvenes en otras zonas de la capital aragonesa y que el Consistorio adquiriera la capacidad absoluta de decidir el futuro urbanístico del área de intervención U58/1.
Así se refleja en la misiva, en la que Pérez Anadón vuelve a apostar por la necesidad de dar soluciones al problema «enquistado» de la calle Embarcadero, «después de casi tres años de demora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el consistorio de la capital aragonesa para poner en uso social esos suelos», ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Pérez Anadón hace referencia en la misiva a los «incumplimientos» tanto del convenio de 2020, como de la bilateral de 2021, «que han impedido hasta ahora aprobar el planeamiento pendiente e impulsar otros proyectos que dieran solución al problema habitacional de los jóvenes, que representan el sector de población más afectado por la superposición de crisis que se suceden desde 2008».
El Gobierno de Aragón ha recordado que la firma del convenio de marzo de 2020 da lugar a una figura contractual que genera derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben y por eso ha animado al titular de Urbanismo de Zaragoza a continuar con los trámites urbanísticos para aprobar definitivamente el plan especial de Embarcadero.
En el mismo sentido, el consejero de Hacienda ha recalcado que la posibilidad de pactar una permuta tampoco es óbice para cumplir la Ley de Urbanismo de Aragón y por eso retoma la propuesta de la permuta que trasladó a Serrano el pasado mes de noviembre al entenderla «equilibrada» en lo que respecta al valor de los suelos y asumiendo que la primera respuesta del titular de Urbanismo no fue de rechazo, ya que aseguró que podía ser «aceptable con algún ajuste».
El responsable del Ejecutivo autonómico ha añadido, no obstante, que después el Ayuntamiento «puso trabas» a la permuta por cuanto estas operaciones suponen una carga fiscal para las partes, aunque ha dicho que desconoce si ha variado la posición municipal.
Mano tendida
Pérez Anadón ha subrayado la política «de mano tendida» que, a su juicio, nunca ha dejado de existir en las decisiones del Gobierno de Aragón, y ha solicitado a Víctor Serrano una respuesta rápida, en un plazo de diez días, sobre las posibilidades de abundar en la permuta.
Esta solución permitiría al Ayuntamiento de Zaragoza ser titular de los suelos del Gobierno de Aragón en la calle Embarcadero de manera inmediata y, con ello, estar en disposición de dar la respuesta que considere oportuna a las demandas vecinales, «de las que el propio Serrano dijo que tenían fundamento, a la vez que aseguró que la decisión del consistorio estaría basada única y exclusivamente en el interés público, que pasa por atender las demandas de los vecinos».
El consejero de Hacienda ha señalado, además, que su carta se incorpore el expediente de la calle Embarcadero para la aprobación del Plan Especial, como contestación a las alegaciones vecinales, que recibió el Gobierno de Aragón «con más de un año de retraso» y con una invitación para su contestación.
Finalmente, el Gobierno de Aragón ha recordado que la interposición de una reclamación judicial sobre la calle Embarcadero es compatible con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de permuta, como ha sido una «práctica habitual» del Ayuntamiento de Zaragoza cuando ha mantenido desacuerdos con la DGA, y que, en caso de que se produjera, supondría la inmediata retirada de las susodichas acciones judiciales.
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