Entre las novedades más significativas, se impondrán sanciones de hasta 45.000 euros a los casos maltrato más graves y se perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados.
Esta ley persigue el 'sacrificio cero' de animales y los considera como 'seres sintientes' y no simples mascotas. Para ello se prioriza la adopción y se obliga el registro y la identificación de los animales domésticos, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal.
Las sanciones se gradúan en función de los casos leves de maltrato -de cien a 3.000 euros-, como no atender correctamente a los animales, no identificarlos o no retirar los excrementos, o los muy graves -hasta 45.000 euros, con posibilidad de decomisar los animales- como sacrificarlos, maltratarlos o explotarlos.
En general, se prohíbe el sacrificio, salvo en los supuestos previstos, así como el maltrato, mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión o adiestrarlos para peleas.
La norma especifica que los collares de estrangulamiento con púas o eléctricos solo los podrán utilizar profesionales y prevé la creación de un registro de personas y entidades inhabilitadas que hayan cometido infracciones o delitos de maltrato hacia los animales.
Prohibidos los circos de todas las especies
Además, quedan prohibidas determinadas actividades deportivas que suponen un trato cruel hacia los animales, así como los espectáculos circenses itinerantes con cualquier tipo de especie y no solo las salvajes. Cabe recordar que los festejos taurinos se regulan por su propia normativa.
Otras medidas incluidas son la identificación de los gatos y su gestión integral ética para la protección de las colonias felinas y control poblacional o la esterilización como medio prioritario para el control poblacional de los animales de compañía.
Se regulan así las reproducciones de perras y gatas, que deberán tener como mínimo un año de edad antes de ser utilizadas para ello y no podrán superar los ocho año, estableciéndose un periodo entre partos de 12 meses.
Otras medidas son una regulación más exhaustiva de la implantación del chip identificativo o la creación de un consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales de compañía, con representantes de veterinarios, cuerpos de seguridad y entidades asociativas.
Las lesiones de perros de caza no se consideran maltrato
Uno de los puntos que generó más discrepancia fue el de la consideración de los perros de caza. Aunque Compromís y UP no estaban de acuerdo,, la semana pasada cedieron y firmaron junto al PSPV -socio mayoritario- una enmienda para definir el maltrato animal, dejando fuera las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones como los perros de caza, los guía o los de rescate.
Por otro lado, finalmente el grupo socialista no se ha sumado a la enmienda presentada por sus socios de gobierno para prohibir la modalidad de caza conocida como tiro al pichón, en la que se lanza al animal vivo y se dispara al vuelo.
Animalistas a favor y cazadores en contra
Tras el debate de la ley en la sesión de este miércoles,, la directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, celebró que la ley valenciana supone un paso adelante y sitúa a la Comunitat al nivel de las autonomías más avanzadas en materia de protección animal.
A su juicio, es especialmente relevante que el PSPV haya decidido incluir a los perros de caza como animales de compañía, por lo que instó al PSOE a hacer lo mismo en la norma estatal. También rechazó que la norma valenciana contradiga la estatal o que pueda enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad.
Por contra, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat, Lorena Martínez, reconoció que finalmente se haya tenido en cuenta su posicionamiento sobre el maltrato animal, excluyendo a los perros de caza, pero advirtió que la ley no les genera «seguridad total» porque «se tendrán que modificar muchos artículos cuando se apruebe la nacional».
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