La concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero se personará como acusación particular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada por el secuestro que sufrió el pasado 21 de febrero a manos del que aún era en ese momento pareja de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares (PSOE), según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
El Juzgado aún no ha citado a declarar a la víctima, tampoco a ningún testigo, ni ha hecho ofrecimiento de acciones a la perjudicada, pero su letrado está ultimando el escrito que presentará en las próximas horas para su personación en la causa, que se encuentra bajo secreto sumarial, según han detallado las fuentes.
Ella se encuentra «muy afectada» y «bajo tratamiento psicológico» tras lo ocurrido, según reveló este pasado miércoles su marido en declaraciones a los periodistas y hasta el momento no ha hablado con la alcaldesa ni con su entorno, algo que no pretende hacer hasta que no sepa «cómo ha sido todo» y «si hay alguien más implicado».
El Juzgado tiene pendiente resolver el recurso que el abogado del presunto secuestrador ha formalizado contra el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que no se dan las circunstancias para que su cliente sea sometido a esta medida «tan gravosa» dado que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de posibles pruebas.
El letrado, Luis Molina, ha solicitado que sea puesto en libertad o que de forma alternativa se apliquen otras medidas, como el ingreso en un centro psiquiátrico --dado que está bajo tratamiento-- o la prohibición de salir del territorio nacional con retirada del pasaporte y una orden de alejamiento respecto a la víctima u otras opciones que no sean tan contundentes como la cárcel
El letrado sostiene que el estado psicopatológico de su cliente es «grave», a tenor de los informes médicos de la clínica en la que se ha tratado en Málaga, los cuales ha presentado ante el juzgado solicitando este mismo jueves una revisión del informe psicológico que realizó el forense en sede judicial para evaluar la imputabilidad penal en tanto que en aquel momento no se tuvo en cuenta esta documentación.
La defensa cree que el juez debería reconsiderar su postura y al menos de manera cautelar ordenar el internamiento en un centro psiquiátrico por entender que en estos momentos «es más grande el riesgo de suicidio que de fuga» por parte de su cliente, que en todo caso está recibiendo su tratamiento en prisión.
Junto a ello, y en caso de que tuviera que permanecer en prisión, ha solicitado su traslado desde la prisión de Albolote (Granada) a la prisión de Alhaurín de la Torre, dado que su familia reside en Málaga y así podría estar cerca de ella, en tanto que tiene dos hijas menores y una madre de avanzada edad.
El secuestro se produjo el 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.
En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil. El miércoles su marido dijo a los medios que su mujer y la alcaldesa «no se llevaban bien» y aunque rehusó profundizar en la hipótesis de que este secuestro pueda estar vinculado con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento que ella pretendía destapar, si reconoció que su esposa tenía «papeles» y temía «represalias».
También afirmó que el acusado «hizo dos llamadas» durante el secuestro y aunque la concejal desconoce a quién pudo ser, ni la Guardia Civil se lo ha trasladado --la causa está declarada secreta-- ella le «sintió murmurar».
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