Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1995, refuerza, según han defendido desde le Gobierno regional, los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y se adapta al marco normativo nacional e internacional y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como los que plantea el desarrollo tecnológico.
La nueva ley, frente a la que los grupos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) se han abstenido, hace hincapié en los derechos de los niños en relación con el entorno digital, «garantizando su aprendizaje, fomentando el uso responsable y seguro y protegiendo a los menores frente a contenidos perjudiciales, con especial atención a las situaciones de violencia y de las noticias falsas en la red, así como de los contenidos que puedan resultar dañino para su dignidad o desarrollo».
La normativa introduce los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de administraciones públicas, las entidades del tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos.
Además, adecua la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, «impulsando para ello los mecanismos de protección y prevención».
Por otro lado, apuesta por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de seis años. Se establecen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños, unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad.
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años, lo que supone una de las novedades más relevantes de la nueva ley. Del mismo modo, fija la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
Mejora "la vida y el bienestar" de los niños
En el debate parlamentario, la diputada del PP Marimar Blanco ha defendido que con esta normativa se da «un paso firme y decidido para mejorar la vida y el bienestar de los niños con la aprobación de esta necesaria ley que incluye importantes novedades».
El parlamentario de Vox Ignacio Arias ha hecho hincapié en que consideran que esta ley «tendrá futuro» y será una normativa «sólida para la protección de los niños». En este sentido, ha indicado que estarán «vigilantes» para que el Gobierno regional desarrolle los reglamentos. «En Vox queremos cuidar de nuestros hijos, sobre todo de los madrileños, y nos alegramos de haber podido hacer una buena ley para ello», ha finalizado.
La izquierda critica que no es ambiciosa
La diputada de Unidas Podemos Paloma García Vila ha recordado que la ley viene a sustituir una «muy antigua» pero ha hecho hincapié en que es «una oportunidad perdida». Ha calificado de «tremendo» que se haya borrado del texto la palabra «niñas» así como que el PP haya querido pactar antes con Vox que con la izquierda, dándoles «concesiones ideológicas». «Faltan compromisos. Deja todo a reglamentos posteriores y promueve mucho pero garantiza muy poco», ha sentenciado.
La diputada del PSOE Lorena Morales ha criticado que desde el Gobierno regional «haya pasado olímpicamente» de las familias más necesitadas. Si bien reconoce que esta normativa supone «un avance» pero considera que es «un intento de lavar sus casi tres décadas de abandono ante unas elecciones», ya que «no da respuesta a las muchas dificultades que tiene la infancia madrileña».
Por su parte, la parlamentaria de Más Madrid Tania Sánchez ha mostrado su «alegría» por sacar la Ley adelante, que tiene «incorporaciones importantes» pero también la «frustración» porque la infancia de Madrid se merecía que esta normativa se aprobara por «unanimidad». «Esta Ley no es el final del camino de las políticas en materia de infancia. Es el principio de lo que será un cambio brutal en los próximos dos meses cuando cambie el Gobierno de la Comunidad», ha avisado.
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