Según han informado desde la Delegación del Gobierno central en Euskadi, la operación se inició cuando los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) tuvieron conocimiento de que un empresario estaba ofreciendo regularizar la situación a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo a cambio de sustanciosas cantidades económicas.
Las pesquisas permitieron saber que las cantidades que pedía a sus víctimas oscilaban entre los 500 y 5.000 euros y que los contratos que materializaba por escrito con ellos nunca llegaban a surtir efectos, ya que no eran comunicados a la Seguridad Social ni, por tanto, podían ser presentados en la Subdelegación del Gobierno central con el objeto de legalizar su residencia.
Los agentes lograron localizar a siete víctimas, cinco originarias de Marruecos y dos de Centroamérica, que habían sido estafadas
por este individuo y que, al carecer de recursos económicos, se tenían que endeudar para hacer frente a estos pagos, lo que les colocaba en «una grave situación de vulnerabilidad». Además, tres de ellas también manifestaron haber trabajado reformando casas para este hombre durante varios meses.
La investigación también permitió conocer que el sospechoso «era un hombre de origen marroquí con cinco empresas dedicadas a las reformas de obras, una radicada en Gipuzkoa y cuatro en Cataluña». El arrestado se encuentra actualmente en libertad a la espera de juicio.
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