El pleno del Parlament ha aprobado este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con los votos a favor de ERC, PSC y los comuns y el voto en contra de Junts, CUP, Vox, PP y Cs, tras meses de negociaciones entre los grupos.
Estos Presupuestos, con un gasto histórico de 41.025 millones, son los segundos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y entrarán en vigor con más de dos meses de retraso tras una tramitación exprés de poco más de un mes.
Las cuentas incrementan en un 8% el indicador a partir del que se reciben prestaciones sociales, incorporan un incremento de 1.284 millones en el presupuesto de salud y destinan 180 millones a un plan para acelerar el autoconsumo, sin grandes cambios fiscales.
Con un gasto total de un 41.025 millones de euros, suponen un incremento de 2.885 millones (7,6%) respecto a las cuentas de 2022, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 31.408 millones de euros, 4.152 más (5,2%).
74 votos a favor, 61 en contra
Los Presupuestos han quedado aprobados en el pleno extraordinario de este viernes con 73 votos a favor --de ERC, PSC y los comuns-- y 57 votos en contra --de Junts, CUP, Cs, PP, Vox y el diputado no adscrito Antonio Gallego--.
Las anteriores cuentas del Govern de Aragonès contaron con el aval de los comuns --que se abstuvieron-- y el voto favorable de Junts cuando todavía formaban parte del Ejecutivo catalán, antes de su salida en octubre de 2022.
Cuando el Govern pasó a ser monocolor, la aprobación de los Presupuestos de 2023 se convirtió en una prueba de fuego para ERC, que se emplazó a negociar con Junts, los comuns y la CUP y, pese a marcar primero distancias con los socialistas, también con el PSC.
El gover priorizó el acuerdo
El Govern apostó desde el primer momento por cerrar un acuerdo que garantizara una mayoría parlamentaria a favor de las cuentas antes de llevarlas al Parlament, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado --cuando, además, entraron en vigor en tiempo y forma el 1 de enero por primera vez en 12 años--.
La CUP se descartó de las negociaciones, que siguieron adelante con PSC, comuns y Junts, que hasta poco antes había liderado la conselleria de Economía con Jaume Giró al frente.
El primero en llegar fue el pacto con los comuns, el 14 de diciembre: sus ocho diputados confirmaron su apoyo a los Presupuestos a cambio de un plan de choque para la atención primaria de 279 millones, retoques fiscales en el impuesto de pisos vacíos y dos nuevos impuestos y un plan para las energías renovables, entre otros.
Las negociaciones con el PSC siguieron a lo largo de diciembre y enero, y en varias ocasiones el Govern acusó a los socialistas de basarse en el «todo o nada» al exigir que los Presupuestos desencallaran macroproyectos que los socialistas --con los mismos diputados que ERC, 33-- consideraban esenciales.
Entre estos macroproyectos figuraban el complejo del Hard Rock en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la ejecución de la B-40 o 'Ronda Nord' en el Vallès, un proyecto ante el que el Govern finalmente cedió, en contra de su postura hasta entonces, y que desencalló las negociaciones.
El pacto entre el PSC y el Govern se produjo el 1 de febrero de 2023 y se materializó en dos documentos separados: uno preveía inversiones y partidas en salud, renovables, agua y movilidad, entre otros temas, y otro recogía compromisos de ejecución sobre estos macroproyectos --sin partida en las cuentas--.
Junts, que había reclamado rebajas fiscales y ayudas para empresas y a la escuela concertada, criticó el acuerdo y acusó a ERC, PSC y comuns de reeditar el «tripartito», tras lo que anunció una enmienda a la totalidad a las cuentas y se descartó definitivamente de la negociación.
El plan piloto de renta universal: un roce pendiente
La tramitación parlamentaria de los Presupuestos se ha producido en poco más de un mes y sin incidencias, salvo por el desacuerdo que PSC y ERC mantienen sobre el plan piloto de la renta garantizada en la Ley de medidas, que se vota este viernes por la tarde.
Junts, Cs, Vox y PP apoyaron en comisión una enmienda de PSC para suprimir este plan piloto de la Ley de medidas, algo que los socialistas defendieron durante toda la negociación pero que, según ERC, el acuerdo de Presupuestos les obliga a respetar.
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