En total se han esclarecido seis robos en explotaciones agrícolas situadas en los municipios de Valdaracete, Fuentidueña del Tajo, Chinchón, Villaconejos, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y Brea del Tajo, según ha informado el Instituto Armado.
La investigación se inició el pasado mes de enero, cuando en el cuartel de la Guardia Civil de Estremera se recibió una denuncia de un agricultor de Brea del Tajo que había sufrido un robo de 8.400 kilogramos de aceitunas en varias fincas de su propiedad.
El análisis de esta denuncia permitió relacionar este hecho con otros de similares características en los que los propietarios de diferentes explotaciones agrícolas situados en la comarca de Las Vegas estaban sufriendo robos y hurtos de importantes cantidades de aceitunas.
Como consecuencia de los diferentes dispositivos de seguridad ciudadana orientados a reforzar la seguridad en este tipo de explotaciones, se detectó un vehículo a plena luz del día el pasado 2 de febrero en el que cinco ciudadanos transportaban 140 kilogramos de aceitunas de las que no pudieron justificar su lícita procedencia.
Asimismo, el avance de la investigación permitió llegar a los agentes de la Benemérita hasta dos almazaras situadas en las provincias de Toledo y Guadalajara, donde al parecer recibían el fruto de dudosa procedencia.
Por todo ello, miembros de la investigación junto a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y personal de Inspección de Trabajo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha procedieron a la entrada y registro de las citadas almazaras, así como a la detención de sus responsables.
Intervenida numerosa documentación
El Instituto Armado ha dado por finalizada la investigación con la intervención de numerosa documentación relativa a la compraventa de más de 17 toneladas y media de aceituna que los relacionan directamente con diferentes investigados en el procedimiento, el precinto de varios depósitos que contenían más de 6.000 litros de aceite, así como diferentes sanciones administrativas relacionadas con la seguridad, sanidad y gestión de los residuos.
Se ha investigado a cinco personas y detenido a otros 16 más, con edades comprendidas entre los 20 y 57 años y a quienes se les imputan delitos de hurto, fraude y receptación.
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