Carolina España ha abordado esta cuestión de la contratación de emergencia durante la pandemia en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha comenzado reconociendo que ese régimen de adjudicaciones es «excepcional» y debe ceñirse a lo «estrictamente indispensable».
Al hilo, ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno «ha extremado las cautelas y la coordinación en la contratación», y ha venido «implementando un sistema de mejora para evitar un uso indebido de la contratación de emergencia que merme principios de transparencia o concurrencia pública», y para procurar una «eficiente» utilización de fondos públicos.
La consejera ha enumerado así una serie de medidas implementadas por la Junta en esa dirección bajo la presidencia de Moreno, y entre ellas ha citado la Instrucción 1/2021 de la Dirección General de Contratación, a través de la cual se trasladaban a las consejerías del Gobierno andaluz «buenas prácticas para intentar homogeneizar en la medida de lo posible la contratación de emergencia», según ha subrayado.
La titular andaluza de Economía y Hacienda ha insistido en sostener que la Junta ha sido transparente en tanto que ha publicado en su portal de transparencia su contratación de emergencia durante la pandemia, y «la calidad de la información que se rinde ha venido presentando una evolución cada vez más positiva a medida que hemos ido advirtiendo áreas de mejora», según ha abundado antes de agregar que «toda la documentación justificativa ha estado disponible» para los parlamentarios tanto a través del Perfil del Contratante de la Junta como del citado portal de transparencia.
Informe de la cámara de cuentas
Además, la consejera ha resaltado que junto a las medidas de «control interno» por parte del Gobierno andaluz existen actuaciones de control externo, como el que ejerce la Cámara de Cuentas, que emitió un informe de análisis de las actuaciones de emergencia de los ejercicios 2018 y 2019 donde se puso de manifiesto una «falta de transparencia y publicidad», según ha reconocido Carolina España, que frente a ello ha remarcado que, en los últimos años, la Junta ha alcanzado el «100% de publicidad» en sus contratos de emergencia.
De igual modo, la consejera ha explicado que ha consultado con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta y «no se ha presentado ningún recurso en los últimos años cuestionando la motivación de los procedimientos tramitados por la vía de urgencia», así como ha consultado con el Gabinete Jurídico de la Junta y «no tenemos constancia de que se haya puesto reclamación o recurso alguno en relación con procedimientos tramitados por la vía de emergencia».
Así, la consejera ha concluido que la Junta ha trabajado siempre en la etapa de Juanma Moreno como presidente «bajo el principio de la máxima transparencia», y «en ningún momento se ha actuado con discrecionalidad», sino siempre cumpliendo «la ley en materia de contratación» y con los informes preceptivos.
Críticas de la oposición
Frente a ese posicionamiento se han situado los grupos de la oposición, que han coincidido en poner en duda el uso de la contratación de emergencia por parte de la Junta.
Así, el diputado del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha afeado al Gobierno del PP-A un uso «desmedido e irregular» de la contratación de emergencia y un «flagrante y clamoroso incumplimiento» de la citada Instrucción 1/2021, y ha denunciado que la Junta ha hecho «de lo excepcional el método habitual de contratación», de forma que «la falta de transparencia y la arbitrariedad» han sido en esa materia «marca» del Ejecutivo de Moreno.
Ha sostenido así que el Gobierno del PP-A «ha diseñado y ejecutado un procedimiento específico para adjudicar dinero público a empresas privadas sin control, sin publicidad y con la falaz» excusa de la pandemia, y ha acusado a la consejera de «faltar a la verdad» al defender que la Junta ha actuado con transparencia, y le ha advertido de que «tendrá que dar una explicación allá donde corresponda si no la quiere dar en el Parlamento», porque desde el PSOE-A no están «dispuestos a aceptar que esto se haya podido hacer por error o incompetencia», sino que piensan que ha sido «el gran fraude» de Juanma Moreno «a los intereses generales de todos los andaluces» en última instancia, según ha sentenciado.
La consejera le ha replicado negando «lecciones de transparencia y legalidad» al PSOE-A y vinculando sus acusaciones a su «desesperación» ante la cercanía de las próximas elecciones locales del 28 de mayo. Además, ha subrayado que, en 2018, cuando los socialistas gobernaban la Junta, «en Andalucía sólo se publicaba entre el 10 y el 15% de la contratación de emergencia», frente al «100%» actual.
Por su parte, la parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha acusado a la consejera de haber hecho «poco caso» incluso del «cumplimiento de la normativa aprobada por ustedes mismos» para mejorar el procedimiento de la contratación de emergencia, que debía ceñirse a un «carácter excepcional», y ha subrayado que lo que se critica de ella es que haya sido «digital», en el sentido de que las adjudicaciones han sido «a dedo».
De igual modo, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha subrayado que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación de emergencia de los ejercicios 2018 y 2019, anteriores a la pandemia, fue «severísimo», y en él afeaba al Gobierno andaluz el uso de un procedimiento de emergencia que no estaba «justificado».
Asimismo, ha criticado el «abuso de la contratación de emergencia» por parte de consejerías que «ya estaban advertidas» de que no estaba vigente la justificación de la misma, y ha acusado a los miembros del Gobierno del PP-A de no estar «obrando bien», y de recurrir a esa forma de contratación para «eludir controles que le han permitido contratar empresas que en condiciones normales no habrían podido ganar concursos», tras lo que ha avisado de que Por Andalucía estará «pendiente de los próximos informes de la Cámara de Cuentas, que seguramente nos trasladen innumerables sorpresas», ha augurado.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha remarcado que se sabe que ha habido «contratos que se dieron a dedo» por parte de la Junta, «sin concurso, sin publicidad alguna» y amparándose en «normativa ya derogada», y su formación intuye que «esta cuestión no es puntual», sino que, mientras la pandemia se desarrollaba, «había listos y sinvergüenzas que se estaban aprovechando de la situación y a los que el Gobierno» del PP-A «les estaba dando barra libre».
Por eso, ha defendido la solicitud de comisión de investigación que ha planteado Adelante en el Parlamento para identificar posibles «responsabilidades políticas» por esta cuestión y «saber qué medidas se van a poner para evitar que pase».
Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha instado a la oposición a «no mezclar las cosas y no ser demagógicos», y ha defendido que la Consejería de Salud no ha formalizado contratos «a dedo», sino con «todos los informes jurídicos» necesarios, y que en el Gobierno de la Junta «no hay imputados» por esta cuestión. «Lo demás es demagogia», ha sentenciado antes de concluir que el Ejecutivo de Moreno ha movilizado todo lo que ha podido «y más», y «lo vamos a seguir haciendo, en medios humanos y materiales», ha zanjado.
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