Arriola ve "más avanzada" la Ley vasca de Vivienda que la estatal pero cree preciso en Euskadi decisiones en fiscalidad

En declaraciones a los medios, Arriola ha valorado el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda, que implica, entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

Tras valorar «positivamente» el acuerdo alcanzado porque «es un paso importante que a nivel de España haya una Ley de Vivienda que avance en lo que es el derecho a la vivienda de la ciudadanía», ha considerado importante también que la estatal «se alinee también con la Ley de Vivienda que tenemos en Euskadi desde el año 2015».

Según ha indicado, la Ley vasca de Vivienda es «más avanzada en algunos aspectos que la Ley de Vivienda a nivel estatal», ya que Euskadi tiene «definida ya desde hace años la calificación permanente de las viviendas protegidas e incluso las reservas de suelo para VPO, en suelos urbanizables es mayor que las previsiones que establece la ley estatal».

En cualquier caso, ha destacado que la nueva ley estatal «nos habilita para poder tomar decisiones como puede ser la declaración de zonas tensionadas y la limitación del precio de los alquileres». En ese sentido, ha dicho que la disposición de su Departamento es «hablar con los ayuntamientos de Euskadi para analizar esta situación y, en la medida en que sea necesario, adoptar decisiones en este sentido».

Asimismo, ha indicado que también van a hablar con las diputaciones forales para que «se avance en lo que es la nueva fiscalidad de la vivienda», ya que «la ley estatal establece también una serie de consideraciones con respecto a la fiscalidad y a nivel de Euskadi es necesario que se tomen también decisiones en este sentido».

Arriola ha recordado que las diputaciones forales «tienen encima de la mesa una propuesta del Departamento de Vivienda desde hace tiempo y ha llegado el momento de que se avance y se tomen decisiones efectivas que permitan avanzar en la fiscalidad de la vivienda», para que «tanto los propietarios como los inquilinos tengan unos beneficios en función del comportamiento de las rentas, de forma que podamos dar una respuesta a la ciudadanía también en ese nivel».