El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles no «criminalizar» al sector cruceros y sumar esfuerzos para avanzar en su sostenibilidad, con el objetivo de revertir sus externalidades negativas sin afectar a los empleos que genera.
Lo ha dicho en la sesión de control en el Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha reprochado a Aragonès «ambigüedad» en su posicionamiento sobre los efectos de este sector en la presión turística de Barcelona, Tarragona y Palamós (Girona).
«Admito que hay externalidades negativas de concentración excesiva de determinadas actividades, pero criminalizar toda una actividad o consumidores no es la mejora manera de actuar», ha sostenido el presidente.
Sin embargo, Reguant ha asegurado que tienen la sensación que el Govern propone que «la turistificación continúe a velocidad de crucero, y que los vecinos solo sean figurantes que se ven expulsados de sus barrios por el aumento del coste de la vida y de la vivienda».
Reducir los cruceristas
La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha insistido a Aragonès sobre la necesidad de reducir a la mitad los cruceristas que llegan a Barcelona, para evitar llegar a los 3,5 millones en 2030.
Aragonès se ha abierto a estudiar límites a los cruceros junto al Puerto de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, pero ha recordado que el Govern no puede restringirlos porque se lo impide la ley portuaria.
También ha reiterado que esta semana el Puerto de Barcelona convocará la comisión institucional para la sostenibilidad de los cruceros.
Defensa jurídica a mossos
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afeado a Aragonès que la Generalitat se retirara como defensa jurídica de 12 agentes de los Mossos d'Esquadra que denunciaron agresiones de manifestantes durante el traslado entre cárceles del 20 de enero de 2018 de los líderes del 1-O por considerar que eran «acusaciones débiles».
Illa ha explicado que se ha condenado a cinco personas por atentado a agentes de la autoridad por aquellos hechos, y ha pedido una rectificación para que el Govern no vuelva a dejar sin defensa a sus servidores públicos, así como «responsabilidades» por el desamparo a los agentes.
Aragonès ha argumentado que la Generalitat defiende a sus servidores públicos «cuando hay lesiones acreditadas», y ha defendido el trabajo del conseller de Interior, Joan Igansi Elena, y la preparación y medios disponibles del cuerpo de los Mossos.
Lengua e inseguridad
En la sesión de control, el líder de Cs en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha instado a Aragonès a velar por el uso equitativo de catalán y del castellano, así como de un mayor uso del inglés, a lo que el presidente ha contestado que lo que quiere el partido naranja es «mantener un ideal de sociedad monolingüe».
Ignacio Garriga (Vox) ha señalado al Govern por la inseguridad en las calles y por generar un «efecto llamada» a la inmigración ilegal, mientras que Aragonès ha acusado a Vox de aprovechar las debilidades coyunturales para construir discursos contra los valores democráticos.
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