La Junta Electoral Central (JEC) ha instado a Canal Sur a que «en el futuro mantenga una posición de estricta neutralidad en controversias con connotaciones partidistas» tras haber asumido una «posición partidista» a favor del Gobierno andaluz del PP-A en relación a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de zonas de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Así se desprende de un acuerdo adoptado por la JEC este pasado miércoles, 3 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a un recurso interpuesto por el PSOE contra otro acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Sevilla del pasado 25 de abril, en relación a una denuncia «contra la Dirección General de Canal Sur Radio Televisión, S.A. por el contenido de un espacio informativo».
La Junta Electoral Central ha acordado «estimar el recurso» del PSOE y «revocar» dicho acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, que descartó apercibir a la Dirección General de Canal Sur por «un breve espacio dentro del informativo 'Noticias 2' emitido el pasado 20 de abril y titulado 'Desmontando bulos en Canal Sur', por entender que con la información facilitada por el recurrente no se ha vulnerado el artículo 66» de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).
Por parte del PSOE se consideraba que en dicho apartado del informativo de Canal Sur se habían «obviado las críticas y argumentaciones contrarias a la iniciativa legislativa y las consecuencias que la misma puede acarrear de los organismos nacionales e internacionales», mientras que la representación de Canal Sur Radio y Televisión defendió que el panel se había limitado «a informar, de forma gráfica y sencilla, si determinados titulares y afirmaciones relativos a la citada iniciativa legislativa eran ciertos o no».
Asimismo, por parte de la representación de Canal Sur se defendió que ese mismo día, en diferentes programas informativos, había dado cuenta «de las diferentes posiciones respecto de la proposición de ley de ordenación de regadíos en la corona forestal al norte de Doñana», que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía actualmente.
En su acuerdo, la Junta Electoral Central ha detallado que el «aspecto polémico» de esta cuestión tuvo «una duración de un minuto y diez segundos» dentro del informativo 'Noticias 2' de Canal Sur del pasado 20 de abril, y en ella se examinaban «cuatro afirmaciones relativas a la polémica proposición de ley anteriormente indicada», como que «los terrenos están en el Parque Nacional de Doñana; la ley declara una amnistía a pozos y cultivos ilegales; la ley otorga el derecho de riego a mil quinientas hectáreas», y «la ley pone en peligro el acuífero y el Parque de Doñana».
Apelación a la "neutralidad" de los medios públicos
«Tras cada uno de estos mensajes», una periodista explicó «los motivos por los que considera que todas estas afirmaciones son falsas», relata el acuerdo de la Junta Electoral Central, que ha considerado que «el enfoque que se hace en la selección de las cuatro afirmaciones que se someten a examen supone posicionarse con una de las partes de esta controversia --la que representa el Gobierno andaluz--, asumiendo una posición partidista que resulta contraria a las exigencias de neutralidad que el artículo 66.1 de la Loreg exige de los medios de comunicación de titularidad pública durante los periodos electorales».
«Lo mismo cabe decir de la contundencia con que se descalifican determinadas posiciones políticas, calificándolas de falsas, singularmente respecto de la última de las cuestiones planteadas, relativas al peligro en el acuífero y el Parque Nacional de Doñana», añade la Junta Electoral Central en su acuerdo, en el que remarca que, «durante los periodos electorales, los medios de comunicación de titularidad pública deben ser particularmente cuidadosos para no asumir posiciones partidistas en caso de conflictos o controversias de carácter político».
Por ello, la JEC ha acordado instar «a Canal Sur Radio Televisión S.A. para que en el futuro mantenga una posición de estricta neutralidad en controversias con connotaciones partidistas como la que constituye el objeto de este expediente».
Este acuerdo es «firme en vía administrativa», y contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.
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