El presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Toni Gaspar, ha afirmado que a finales de 2015, momento en el que se tenía que decidir sobre la prórroga del servicio del 'Call center', recibió una llamada del empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, para interesarse por lo que iba a ocurrir y señalarle que si no había prórroga «se iba a dejar a mucha gente en la calle»: «Y esto me enfadó muchísimo», ha dicho.
Gaspar se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza D del conocido como caso Imelsa, relativa a un presunto amaño del 'Call center' de Imelsa a la empresa Servimun S.L., de la que López era colaborador. La causa suma siete acusados, entre ellos, López, Benavent y el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus.
El contrato del 'Call center', relativo a la gestión tributaria de servicios, se formalizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. Según el fiscal, en 2015 López intentó presionar a varios diputados para que se siguiese con la «farsa» de la contratación. Sin embargo, no fue renovada ante, según el ministerio público, «los informes negativos y la comprobación de la inutilidad del servicio».
Gaspar, quien en 2015 ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación y delegado del área de Hacienda, ha explicado al respecto que a finales de año le tocó revisar el asunto del 'Call center' porque se acababa el contrato y había que decidir si se prorrogaba.
«Hubo muchas reuniones y muchas mesas pequeñas detrás hasta tomar la decisión, que luego se aprobó en el pleno», ha dicho, para agregar que finalmente se tomó la decisión de concluir con el contrato y de que el servicio fuera asumido por la corporación provincial, quien ya tenía una asistencia similar: «Tenía más sentido que la gente tuviera sólo un teléfono para llamar», ha señalado.
Días antes de que la Diputación acordarse no prorrogar el servicio, recibió una llamada de teléfono de alguien que se identificó como Mariano López: «Me cabreé muchísimo. Se identificó como Mariano y me dijo que iba a dejar en la calle a no sé cuántos trabajadores, que tenía la concesión y que qué íbamos a hacer», ha señalado.
«Me cabreo con eso porque la llamada es improcedente», ha señalado, al tiempo que ha explicado que fue para interesarse por la prórroga del servicio y para exponerle su preocupación por los trabajadores que se iban a quedar en la calle si no se renovaba.
Tras la llamada, ha manifestado que preguntó en la Diputación por él y le comentaron que era un colaborador de la Fiscalía: «Sabía algo del exsuegro de Benavent porque todo eso iba por los despachos pero ni le ponía cara ni sabía quién era», ha manifestado.
Posteriormente se enteró de que fue José Manuel Orengo, entonces jefe de gabinete del presidente de la Diputación (2015), quien le dio su número de teléfono: «Entonces le llamé y le pregunté el motivo por el que le había dado mi teléfono. Le llamé molesto porque estaba cerrando un expediente y no me resultó procedente ni agradable», ha aseverado.
Orengo le comentó que López podía ser colaborador de la Fiscalía y le dijo algo de tener paciencia y «torear el asunto», pero «en ningún momento nadie miró por el final del expediente, por lo menos conmigo. Me puse a trabajar con el equipo e íbamos cerrando. En ningún momento ningún técnico mío cambió nada», ha aseverado.
Facturas y fechas
Por otro lado, en la sesión de este lunes ha declarado también en el juicio, en calidad de testigo, José Luis Castellote, quien fue director financiero en Imelsa y denunciante del conocido como caso Alquería.
El testigo, quien ha aclarado que la adjudicación del 'Call center' se había realizado antes de su llegada a Imelsa, ha explicado la relación y el pago de una serie de facturas por parte de la extinta empresa pública a Sevimun S.L.
En concreto, se le ha interpelado por dos informes firmados por un acusado, Ricardo de Ángel, exjefe del servicio de Gestión Tributaria, en las fechas 26 de agosto y 1 de septiembre de 2014 y son relativos a una misma factura. Preguntado por este extremo, ha respondido: «Imagino que había dos informes porque había bastante prisa porque pagáramos», ha dicho. Y ha agregado: «El mes de agosto no había acabado y no se podía certificar el servicio si faltaba una semana porque eso se hace a finales de mes».
Además, al testigo, que ha aclarado que se hacían auditorías internas y externas sobre los servicios contratados, se le ha preguntado también por una factura que presentó Servimun en diciembre de 2014 relacionada con la prestación de unos servicios, que se pagó en enero de 2015 y sobre la que Ricardo de Ángel había emitido un informe en marzo de 2014 en el que aseguraba que los trabajos se habían realizado.
Al respecto, el testigo ha indicado que desconocía por qué se produjo esa disparidad de fechas y ha señalado que, en base a su experiencia, sin el informe de Ricardo de Ángel no se hubiera pagado esa factura. «Benavent no hubiera pagado sin el certificado y Rafael Pérez, entonces consejero delegado, tampoco». Lo relativo al pago sólo podían decidirlo ellos, ha agregado.
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