La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) considera que la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, que promueven PP y Vox, «no es compatible con la vigente Planificación Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir», que se aprobó el 24 de enero de este año con el Real Decreto 35/2023, por considerar que «contradice directamente tanto su normativa como sus objetivos».
«La Proposición de Ley tiene por objeto declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua, lo cual es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño», asegura la Confederación Hidrográfica en un informe remitido al Parlamento de Andalucía.
El organismo estatal contrapone el hecho de que tras un período de consulta pública del Plan Hidrológico de seis meses, que expiró el 21 de diciembre de 2021, «se hicieran por parte de la Junta de Andalucía 12 alegaciones al mismo con un total de 144 páginas sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana», para apuntar entonces que «dos días después, el 23 de diciembre de 2021, se presentara en el Parlamento de Andalucía la primera Proposición de Ley en este sentido».
El organismo estatal ha remitido un informe de 9 páginas a la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía, que viene a compensar su ausencia el próximo martes, día 13, dentro del trámite de audiencia a los agentes sociales para que ofrezcan su perspectiva sobre esta iniciativa legal.
El miércoles registró la Confederación Hidrógrafica su renuncia a participar con una comparecencia física, que parece haber cambiado por la remisión de este informe.
El Real Decreto 35/2023 aprobó la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
En lo que respecta a la Cuenca del Guadalquivir proclama que "no
son compatibles con el Plan Hidrológico nuevas concesiones o modificaciones de características de los derechos existentes que impliquen un incremento de la superficie regable o volumen de
riego« y que esa acotación »se extiende tanto a las aguas
superficiales como a las subterráneas".
El organismo de la Cuenca precisa en este sentido que "las ampliaciones previstas en la Proposición de Ley no están entre las
excepciones previstas en el punto 2".
La Confederación Hidrográfica reitera la calificación de incompatible para la Proposición de Ley con el Plan Hidrológico de la Cuenca «al comprometer la consecución de los objetivos ambientales previstos para la Masa de Agua Subterránea 'La Rocina'», ya que explica que "la entrega de agua superficial a superficies no incluidas en la planificación hidrológica implica que otras que sí lo están deberán seguir
bombeando del acuífero, que se verá por tanto directamente afectado".
En ese supuesto «se superaría el límite máximo de 9,81 hectómetros cúbicos de bombeos para riego establecido en el Plan Hidrológico una vez en pleno funcionamiento el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos» del Tinto, Odiel y Piedras, y cuya completa ejecución reclama la Proposición de Ley.
La masa de agua 'la rocina' se declaró en riesgo
El organimo estatal recuerda que «esta masa de agua 'La Rocina' fue declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico en Junta de Gobierno de la Confederación de 16 de julio de 2020» y que ese dictamen contó «con el voto favorable de la Junta de Andalucía», como se publicó en el BOE número 227 de 24 de agosto de 2020.
A juicio del organismo competente en materia de agua, la aprobación de esta Proposición de Ley, que pretende reconvertir terrenos que en la actualidad son considerados forestales en suelos agrícolas regables con aguas superficiales y con ello propiciar que tengan la oportunidad de acudir a la Confederación Hidrográfica a reclamar la concesión de derechos de agua, «provocaría, además, una división en la sociedad».
El organismo estatal augura que de recibir luz verde del Parlamento «rompería con ello el consenso que se consiguió mediante la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana», que se hizo en 2014 y dejó fuera de su calificación como suelos agrícolas regables terrenos que hoy PP y Vox quieren que se les otorgue ese estatus.
La Confederación ha esgrimido «el elevado grado de consenso» del Plan Hidrológico, que ha concretado en el respaldo que recibió en el Consejo del Agua de la Demarcación de 7 de abril de 2022 con 54 votos a favor, 2 en contra y 14 en blanco, como en el Consejo Nacional del Agua de 29
de noviembre de 2023 con 66 votos a favor, 8 en contra y 15 en blanco.
A esto ha sumado que «la Junta de Andalucía no votó en contra en ninguna de las dos sesiones» para lamentar entonces «lo sorprendente y descorazonador de esta iniciativa», que, en su opinión, «contradice al Plan en uno de sus aspectos cardinales: la recuperación de Doñana».
Incompatible con el trasvase del tinto, odiel y piedras
Entre las conclusiones de su trabajo el organismo estatal argumenta también que la iniciativa «es incompatible con la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir».
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asegura que «la Proposición de Ley precisa de un plan que le sirva de base», del que indica que «debe ser tramitado con la participación de todas las Administraciones y colectivos que puedan verse afectados por el mismo», mientras que advierte que «dicha tramitación no se ha llevado a cabo» y que por la ausencia de ese trámite «ha impedido que esta Administración pueda pronunciarse sobre la misma».
«Teniendo en cuenta que su aprobación implica un incremento de la superficie regable en Doñana, este plan debe ser sometido a las figuras de prevención ambiental que le sean exigibles», sigue indicando la Confederación Hidrográfica.
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