Por un lado, el alcalde en funciones de Rociana del Condado, Diego Pichardo (PSOE), ha comenzado su intervención esperando que «sea la última», y que después de «30 años» se busque «la solución más adecuada», pero que «llegue ya».
Por ello, Pichardo ha señalado que «ha llegado el momento» en el que las administraciones y partidos políticos «se sienten en la misma mesa y dialoguen de cuál sería la solución más importante», puesto que los agricultores del Condado «ya están cansados de seguir en una lucha», ya que «lo único que quieren es una solución».
Asimismo, ha subrayado que «mal vamos» si «un alcalde de un municipio de 8.000 habitantes», tiene que darle la «solución» a los parlamentarios, por ello, les ha interpelado a que «se sienten en una mesa para que la solución no depende solamente de la Junta».
Asimismo, la alcaldesa en funciones de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha agradecido su invitación, pero ha lamentado que «se haya dejado fuera a voces muy necesarias para la tramitación de esta ley», es decir, «instituciones o organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el espacio desde hace mucho tiempo y no han sido invitadas», como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, «cuyo informe en el último Consejo de Participación de Doñana fue »demoledor".
«No puedo entender cómo no se tiene en cuenta la opinión de los científicos o no se invita a la Asociación de Agricultoras Puerta de Doñana de Almonte, donde están representados más del 50% de los terrenos de regadío», ha enfatizado.
Así, ha señalado que el procedimiento elegido para la tramitación de la PDL «pretende evitar la participación pública, como de hecho se está haciendo, y el pronunciamiento del Consejo de Participación de Doñana e incluso de informes que creemos necesarios», toda vez que la iniciativa es «insostenible» porque «no hay agua superficial para el regadío de estas tierras».
«Esto no va de salvar pajaritos. Esto va de que nuestros nietos puedan beber mañana. Así que nosotros volvemos a insistir en la absoluta necesidad de la retirada definitiva de esta proposición de ley desde el Ayuntamiento de Almonte», ha aseverado.
Al respecto, ha señalado que el procedimiento a seguir es «exactamente el mismo que se siguió en 2014» al tiempo que ha espetado que no cree que una alcaldesa «tenga que venir a decirle a unos señores parlamentarios cómo se deben hacer las cosas», pero hay que «hacerlo con sentido común, a semejanza del plan Romero donde no hay colores».
Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), ha remarcado que es la «segunda vez» que comparece, en referencia a la PNL propuesta en 2022 y durante este tiempo «se ha avanzado poco por no decir nada», toda vez que ha reconocido que «ha habido problemas» con regularización de fincas, pero ha subrayado que la fórmula que se ha estado empleando «no es la más adecuada», porque «carece de algo fundamental, el consenso, el mismo que tuvimos para aprobar los 9.500 hectáreas que se aprobaron la primera vez».
«Yo no sé cuántas hectáreas hay ahora, porque como Ayuntamiento no tengo datos. Creo que no se han aportado datos empíricos realmente de lo que hay en cada municipio. Aunque solamente hubiera diez, merecería la pena trabajar entre todos para resolverlo. Pero yo lo que pido es, desde una actitud de voluntad, que se ponga en marcha de manera positiva y constructiva», ha enfatizado.
«La iniciativa debe ser rectificada, introduciendo a más actores, a otras sensibilidades que puedan ayudar a poner encima de la mesa soluciones para resolver el problema. Pero no creo que sea el único. Por eso creo que en esa comisión bilateral es donde se tienen que dar las claves para ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que modificar y cómo hay que modificarlo», ha concluido.
Moguer
Por otra parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha iniciado su palabra ahondado en que durante «muchos años la duda ha estado sobre la ordenación del territorio», toda vez que ha subrayado que «curiosamente, hoy por hoy», la Junta «sigue haciendo revisiones de oficio y cambiando la tipología del suelo sin necesidad de la actual propuesta de ley» para «corregir ciertas injusticias».
Por ello, ha enfatizado que «no solo el Plan de la Corona Norte, sino el Potad, tiene las suficientes herramientas para trabajar, sin que haya mucha más confusión de la que se está labrando en términos de visión política del asunto».
Asimismo, ha señalado que será «necesario que los procedimientos que están abiertos desde hace más de siete años, que es el de descatalogación y deslinde de los territorios afectados por la agricultura, sean »una realidad y tengamos datos objetivos«, toda vez que ha apuntado que existe la »duda« de la retroactividad de la propuesta, por lo que »tenían que haberse, previamente a este tipo de comparecencias, reunido con los técnicos municipales y secretarios de los distintos ayuntamientos para que se analizara y se diagnosticara esta propuesta de ley y en qué términos va o tiene que redactarse".
«Tengo que decir que a este alcalde no se le ha convocado a ninguna sola reunión para hablar de esta propuesta de ley o de la anterior PNL», ha aseverado, tras reconocer que es «necesario» que «se articulen procedimientos legales» para que «se revisen y se corrijan las injusticias que hoy precisamos», pero ha mostrado su preocupación a que «se deje las decisiones al final a los propios ayuntamientos», porque «nos están pidiendo literalmente que el secretario del Ayuntamiento certifique qué parcelas están concedidas posteriormente al año 92 o anteriormente».
«Por eso da miedo, que sigamos hablando en términos políticos de un objetivo legal, esta propuesta de ley, pero que cuando preguntamos, los alcaldes y técnicos, que cómo afecta a cada uno de los ciudadanos, no haya nadie que dé la cara», ha remarcado.
Además, ha criticado «la imagen» que se está dando en términos políticos, por eso «es mucho más fácil si nos reuniésemos todos, pero sobre todo las instituciones implicadas».
Lucena del puerto
Por otro lado, el alcalde en funciones de Lucena del Puerto (Independientes), Manuel Mora, ha comparecido expresando que desea «el máximo consenso posible», al tiempo que ha dado su «sí rotundo» a la ley, y que desde su municipio «se ha impulsado», porque «no toca» el acuífero, toda vez que esta iniciativa «no supone modificaciones sustanciales del plan».
«Yo le recuerdo que el plan permanece prácticamente sin modificaciones. Modifica los aspectos más polémicos, que han provocado precisamente los problemas dentro de los municipios. Es más, ni siquiera contradice la ley forestal del 92. El problema es que estas parcelas, que ahora se dice que son nuevas, se repartieron en 1938 y desde entonces permanecen en cultivo. Es ahí que en 1957 se inicia el cultivo de la fresa», ha enfatizado.
Por otro lado, Mora ha reprochado que el Plan de la Corona Norte «no se cumple», además de que «tiene enormes errores» y «se limita a considerar por unas fotografías aéreas que, depende del momento, surgieron o no surgieron», toda vez que ha subrayado que el trasvase es una «pieza fundamental» y «no se cumple», y ha criticado el «procedimiento arbitrario» de la catalogación de las tierras, por lo que ha cuestionado si «nos podemos fiar el futuro a una foto aérea».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.