El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A y Por Andalucía, mientras que el PP-A se ha abstenido, la petición de Vox en una proposición no de ley de «reprobar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por sus «ataques» al sector de la fresa de Huelva y a los agricultores de la zona del condado, por el rechazo a la proposición de ley sobre regadíos.
En virtud de la iniciativa, la Cámara sí ha aprobado, con los votos de PP-A, PSOE-A y Vox, mientras que Por Andalucía ha votado en contra, instar al Gobierno andaluz a mostrar «su apoyo decidido a los agricultores del condado norte de Huelva, en concreto, y en general a apoyar a todos los agricultores y ganaderos» de la comunidad. También se ha aprobado, con los votos de PP-A y Vox, y el rechazo de PSOE-A y Por Andalucía, instar a la Junta a defender a las empresas exportadoras de frutos rojos de Huelva frente a los «ataques institucionales» del Gobierno central.
Todos los grupos, salvo Vox, han rechazado que el Parlamento muestre su rechazo a la Agenda 2030 y a sus contenidos, «por ser contrarios a los intereses» de España y, especialmente, de agricultores y ganaderos. La Cámara sí ha instado al Gobierno andaluz, con los votos de PP-A y Vox, a que proteja al sector primario andaluz y fomente su desarrollo, además de proteger los empleos y la economía rural, como contribución a la soberanía alimentaria de España, lo que ha sido rechazado por PSOE-A y por Por Andalucía.
En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Rafael Segovia ha censurado el «apoyo» de Sánchez y Ribera a una campaña de publicidad de una asociación de consumidores alemanes, vinculada al Partido Socialdemócrata de Alemania, en contra de la fresa de Huelva. «Esta inaceptable campaña es un ataque frontal a los agricultores de Huelva, y esta no es la primera vez que desde el Gobierno de la nación se apoya una campaña en contra de los españoles», ha indicado.
Asimismo, ha añadido que, desafortunadamente, este sector se está acostumbrando «a sufrir los ataques de sus propios representantes públicos, ya que a finales del 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lanzó una campaña de justicia alimentaria, en la que identificaba al sector fresero con la explotación laboral en la alimentación español con el lema 'exporta, explota, me expló', mediante una trabajadora soportando el peso de una fresa».
«Por lo tanto, estamos ante una práctica habitual de este Gobierno que tiene por objeto demonizar a un sector que es el sustento económico de toda una provincia», según Segovia.
Turno de los grupos
En el turno de posicionamiento de los otros grupos, el diputado del PP-A Manuel Andrés González ha esgrimido el peso de la provincia de Huelva por cuanto representa el 98% de la producción de frutos rojos de España y el 30% de la UE y da empleo directo o indirecto a 160.000 personas y se ha lamentado de «una campaña de desprestigio» procedente de Alemania, «avalada por el presidente del Gobierno», antes de calificar a Pedro Sánchez y la ministra y vicepresidenta Teresa Ribera como «cómplices en la cobertura de una campaña difamatoria», por lo que ha esgrimido «la obligación de defender» los intereses de este sector.
Con todo, pese a recordar que «ningún dirigente había arremetido contra una provincia», González ha precisado que «por lealtad institucional no vamos a apoyar la reprobación del presidente», aunque sí ha demandado «el cese de los ataques», así como que «es necesario que el Gobierno de España se implique y frene los ataques».
Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha cargado contra los representantes del PP-A, a quienes ha tachado de «liberales de pacotilla» y ha culpado de haber «complicado» la situación del «conjunto de la agricultura onubense y de Andalucía» con su proposición de ley compartida con Vox, tras lo que ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, haber generado por su «soberbia» nuevos «problemas» que antes del registro de dicha iniciativa no existían.
Así, el diputado del PSOE-A ha aludido, por ejemplo, a la «amenaza de sanción» de la Unión Europea que «puede poner en peligro fondos europeos» para España, así como a la «amenaza» de la Unesco sobre la posibilidad de retirar el reconocimiento del Parque de Doñana como Patrimonio de la Humanidad, y ha aseverado que «todo este desastre y este incendio tiene un único culpable, que se llama Moreno Bonilla y desgraciadamente es el presidente de la Junta», y es «a quien debería reprobar este Parlamento», según ha sentenciado Mario Jiménez.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido que «las generalizaciones son muy cansinas» y que «hay evidencias científicas, jurídicas, políticas, institucionales de que este problema no se arregla, sino que se agrava, con esta Proposición de Ley», antes de plantear «cuando paró el ruido cuando aquella iniciativa quedó aparcada» y «cuándo ha vuelto», por lo que ha hablado de «causa-ruido» entre la Proposición de Ley y la polémica.
«Todo el mundo les ha visto a ustedes y al PP tirar la piedra», ha afirmado Nieto, quien ha pedido «desterrar el sector primario político», así como «hablar de las cosas con un sustrato de veracidad», antes de proclamar que «mi grupo estamos con la gente que hace las cosas bien».
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