El Gobierno del PP-A se posiciona en contra de una proposición de ley de Por Andalucía para crear áreas metropolitanas

Así consta en un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado lunes, 12 de junio, consultado por Europa Press, del que se da traslado al Parlamento andaluz, después de que la Mesa de la Cámara acordara el 31 de mayo remitir al Ejecutivo del PP-A dicha proposición de ley para que manifestara su «criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación».

Tal como explica el Gobierno andaluz en este acuerdo del pasado lunes, dicha iniciativa tiene «como objeto la regulación de los elementos básicos de las áreas metropolitanas, el procedimiento para su creación y sus instrumentos de gobierno y gestión, según reza el artículo 1 del texto propuesto».

El Consejo de Gobierno traslada en este acuerdo que «comparte» la «preocupación que manifiesta la proposición de ley respecto a la necesidad de impulsar políticas públicas y abordar estrategias que permitan un enfoque supramunicipal» en las «grandes aglomeraciones metropolitanas», pero apostilla que una «cuestión distinta» es «que la pretendida solución a estas cuestiones deba producirse necesariamente a través de la entidad local territorial supramunicipal del área metropolitana».

Al respecto, desde el Ejecutivo andaluz explican que en España existen en este momento «tan solo tres áreas metropolitanas inscritas en el Registro de Entidades Locales», que son la de Barcelona y dos de Valencia, si bien sólo la de la capital catalana «está configurada realmente, por su Ley de creación, como una entidad local supramunicipal de carácter territorial».

Objeciones

En esa línea, desde la Junta sostienen que «existen muchas razones que pueden explicar las dificultades materiales para constituir una entidad local supramunicipal de carácter territorial que agrupe a los municipios de las grandes aglomeraciones urbanas», entre las que el acuerdo del Consejo de Gobierno cita «el coste de una infraestructura administrativa estable» y «la existencia de otras alternativas para la gestión de los retos que plantean estas aglomeraciones convertidas en muchos casos en verdaderas conurbaciones».

En ese sentido, el Gobierno andaluz defiende que uno de los «grandes retos» que plantean estas áreas, como es el transporte metropolitano, ya «se ha abordado tanto desde la perspectiva de la planificación, con los diversos Planes de Transporte Metropolitano, como desde la gestión a través de los consorcios metropolitanos de transporte».

Del mismo modo, «la figura asociativa voluntaria de las mancomunidades ha permitido gestionar multitud de servicios con una visión supramunicipal, particularmente en el abastecimiento de aguas y la gestión de los residuos», según abunda el Consejo de Gobierno antes de añadir que, por tanto, «hay una primera objeción que debe realizarse a la Proposición de Ley, y es que no sería ni razonable, ni necesario, afrontar el fenómeno metropolitano en Andalucía con la creación generalizada de áreas metropolitanas en todas las aglomeraciones urbanas que tuvieran que ignorar o absorber todos esos instrumentos de planificación y gestión que ya existen, y hacerlo, además, con el mismo modelo organizativo para todas ellas».

El acuerdo del Consejo de Gobierno también apunta que en la exposición de motivos de dicha iniciativa de Por Andalucía «se parte de la existencia de un mandato estatutario (...) para regular las áreas metropolitanas mediante ley autonómica que se habría venido incumpliendo por no contar con una regulación general de esta figura», algo que, según el Ejecutivo del PP-A, «no es exacto, ya que difícilmente pudo ser la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, como se dice en la proposición de ley, un intento de cumplir ese mandato», en tanto que «el Estatuto de Autonomía vigente en ese momento no contemplaba la figura de las áreas metropolitanas».

Además, desde la Junta indican que, «con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de un área metropolitana requiere de una ley del Parlamento, por lo que el mandato del artículo 94 del Estatuto de Autonomía para Andalucía se cumpliría igualmente con una ley que regule las funciones de cada área metropolitana con ocasión de su creación», y «en ningún caso puede interpretarse que este precepto obligue a establecer una ley de regulación general que establezca un marco normativo obligatorio y común para todas las áreas que decidan crearse».

También pone de relieve el Consejo de Gobierno en su posicionamiento respecto a esta iniciativa que «las áreas metropolitanas son entidades locales que agrupan a municipios pero, a diferencia de las mancomunidades, que son entidades asociativas de libre adhesión, suponen una integración obligatoria de los municipios afectados», lo que hace recomendable, a juicio del Ejecutivo de Juanma Moreno, «un principio de prudencia para entender que, sin descartar la posibilidad de constituir alguna cuando resulte necesario, establecer un marco obligatorio, con una organización, potestades y funciones predeterminadas no aproxima la posibilidad de constituir esta figura, sino que la aleja».

"poco contenido sustantivo" en la proposición de ley

«Una ley como la propuesta -en esta iniciativa de Por Andalucía--, en lugar de facilitar la creación de un área metropolitana cuando resulte útil y necesaria, la dificultaría», sostiene el Consejo de Gobierno, que para justificar su posicionamiento contrario a esta proposición de ley también indica que «la legislación básica, principalmente el artículo 43 de la anteriormente mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, ya recoge los elementos mínimos de cualquier área metropolitana que decida crearse», de forma que la iniciativa que se quiere tramitar ahora en el Parlamento «añade poco contenido sustantivo».

Por otra parte, «el planteamiento voluntario de la adhesión de los municipios desvirtúa la figura de esta entidad local», se puede leer también en el acuerdo del Consejo de Gobierno, que al respecto remacha que «para prestar servicios en forma asociativa voluntaria no es necesaria una ley, ni un área metropolitana», ya que «esa es la figura de la mancomunidad que ya se encuentra perfectamente regulada y que viene utilizándose por las entidades locales sin ningún tipo de restricciones».

El Ejecutivo andaluz también alude a la «organización propuesta» por dicha iniciativa para la creación de áreas metropolitanas, al respecto de lo cual sostiene que es «una de las posibles, pero ni es la única ni se alcanza a entender por qué debe ser la misma para todas» ellas.

Así las cosas, el Consejo de Gobierno llega a la conclusión de que ha de manifestar un «criterio desfavorable» respecto de la toma en consideración de esta proposición de ley, y apostilla que «es posible que en un futuro, próximo o lejano, se den las condiciones para establecer una o varias áreas metropolitanas en aglomeraciones urbanas de Andalucía», y «si ello llegara a producirse, se entiende que será más fácil culminar con éxito el proceso si esta Proposición de Ley no se convierte en norma», según zanja el acuerdo del Ejecutivo andaluz, rubricado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.