A los detenidos, de entre 18 y 65 años, se les considera presuntos autores de los delitos de pertenecía a organización criminal, trata de seres humanos, prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y facilitación de la inmigración irregular, según ha informado la Policía en un comunicado.
La investigación policial, que ha durado ocho meses dada su complejidad y la cantidad de personas implicadas en la organización, se inició en noviembre de 2022 cuando algunas de las víctimas lograron huir del domicilio donde las tenían explotadas sexualmente y llamaron al teléfono de atención gratuita para víctimas de trata o explotación sexual (900.10.50.90) para pedir auxilio ya que estaban «aterradas», según la Policía.
Desde ese mismo momento se activó el protocolo policial y se desplazó al interlocutor social contra la trata de seres humanos provincial desde Alicante hasta Dénia, donde se encontraban las víctimas, a las que se les proporcionó la ayuda.
Los agentes comprobaron durante la investigación que estas mujeres, una vez captadas, eran trasladadas a España, adquirían una deuda con la organización criminal de 5.000 euros, y comenzaban a ser explotadas sexualmente. Los miembros de la organización les cobraban cantidades «abusivas» de dinero tanto por el alquiler como por la ropa y otras necesidades diarias que estas mujeres utilizaban para ejercer la prostitución.
La organización criminal anunciaba en diferentes páginas web de contacto los servicios sexuales que ofrecían para ser contratados, servicios que se ejercían en diferentes pisos de varias localidades de la provincia de Alicante. Las mujeres eran trasladas de unos pisos a otros periódicamente.
Cámaras e intimidación
Además, los agentes pudieron comprobar como los miembros de esta organización llevaban a cabo la captación de estas mujeres, que eran vigiladas mediante cámaras de videovigilancia e intimidadas continuamente. Según la Policía, en algunos casos eran obligadas a prestar servicios sexuales sin protecciones profilácticas y el líder de la organización llegó a a ejercer la violencia sobre una de ellas.
Los miembros de esta organización mantenían unos roles específicos para cada tarea: captación, la contratación de los vuelos, traslado, la vigilancia, los cobros, los arrendamiento de los pisos o la contabilidad.
Una vez identificados todos los miembros de esta organización y comprobados su roles, los agentes decidieron llevar a cabo la ejecución de la operación para desarticular a la red. Los agentes realizaron un total de tres entradas y registros en domicilios de Benidorm, Dénia y Gata de Gorgos, en los que fueron liberadas once víctimas de la organización.
La Policía se incautó de más de 12.000 euros, 830 gramos de marihuana, varias cámaras de vigilancia y un vehículo de alta gama.
La investigación policial ha sido llevada a cabo por los agentes pertenecientes a las Unidades Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante y de la Comisaría de Dénia.
Los diez detenidos, de nacionalidades colombiana, argentina y española, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Dénia.
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