El presidente del TSJA ve "una gran debilidad argumental" en el planteamiento de la amnistía tras el procés

En su conferencia 'La encrucijada de la justicia: retos pendientes' en el marco de un desayuno informativo de 'Diario Córdoba', Del Río ha afirmado que «una amnistía puede ser legítima en determinadas circunstancias, pero el problema nuestro es que si uno mira la Constitución se da cuenta de que cuando se debatió este tema» en el origen de la Constitución «se dijo que ya hemos hecho dos leyes de amnistía, cambiamos de una dictadura a un estado democrático y ya la amnistía no tiene sentido, porque la historia la estamos escribiendo con la Constitución».

Además, ha precisado que «la amnistía es más que un indulto general» y ha comentado que «es un tema relativamente muy complicado, porque la amnistía implica un juicio crítico sobre una determinada etapa y no sé hasta qué punto eso tiene argumento de peso». Espera que «los parlamentarios tomen la decisión que crean oportuna y que los tribunales tomen una decisión con arreglo a derecho».

Previamente, ha declarado a los periodistas sobre el rechazo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la «acción judicial» que se emprendió contra los dirigentes del 'procés' en Cataluña que «nunca es deseable que se cuestione», de forma que «una vez que se ha puesto una resolución, debe respetarse».

En su discurso, el presidente del TSJA ha avisado del «empobrecimiento» de la Constitución Española con la situación de «anormalidad» en la justicia desde hace unos años y ha expuesto que que el momento actual es «cada vez más delicado», con «una situación que se va prorrogando y puede llegar un momento que el edificio ya no se sostenga», que «la justicia puede llegar al colapso» y que los ciudadanos sean «los grandes perjudicados». Y ante «la encrucijada», ha agregado, «no podemos seguir en el mismo camino».

A su juicio, «hay que tomar un camino y un cambio, porque la percepción es de mayor insatisfacción, lentitud e ineficacia», así como «mayor percepción de politización», de modo que «hay que cambiar», porque «la justicia sigue caminando, pero tiene que tomar un rumbo distinto», tras llevar «mucho tiempo» tratando de «enmascarar una realidad que cada vez se hace más evidente», al tiempo que ha avisado de «los problemas de una organización tremendamente compartimentada, la ineficacia del actual sistema digital y deficiencias en personal e infraestructuras».

Al respecto, ha advertido de «la maquinaria judicial con déficit históricos», subrayando que «hay que dar un salto cualitativo muy importante, una reforma estructural» con la reorganización y modernización, aunque ha admitido que «es difícil», si bien ha remarcado que «el sistema actual de justicia está totalmente superado», de ahí que vea «urgente» la reforma «profunda». «Casi hay que refundarlo», ha apostillado.

En este punto, ha apostado por «llegar al rendimiento óptimo de la justicia», que «todos los órganos judiciales resuelvan dentro de los plazos que las leyes procesales establecen todos los asuntos atribuidos a su competencia con la máxima calidad y precisión exigible». «Eso ahora mismo no sucede», ha avisado.

Al hilo, ha apuntado a «factores externos al propio juez, que el número de órganos judiciales, la demarcación y planta judicial está muy mal diseñada o que los instrumentos procesales son obsoletos e inadecuados, que las leyes procesales pueden establecer plazos de actuaciones incoherentes con la realidad social, que la oficina judicial no funciona o que la plantilla es inadecuada en términos cualitativos o cuantitativos». Y también «factores internos, conductas inasumibles que han de ser corregidas y llegado el caso sancionado».

Según ha expuesto, en esa «encrucijada» hay que ir hacia «una justicia más humana e independiente; más útil y eficaz, y más razonable en su uso». «Tenemos que ir al unísono en esos tres componentes», porque de lo contrario, «con el tiempo vamos a ir viendo cómo se deteriora cada vez más el servicio», ha pronosticado.

"vulnerable a la politización"

Tras subrayar que «hay 80 cargos judiciales ahora mismo en funciones», Del Río ha manifestado que «la justicia es vulnerable a la politización y eso trasciende a los jueces», de forma que «la vulnerabilidad que hay del poder judicial, que encara su sexto año consecutivo de prórroga en funciones, afecta a los propios jueces», con «la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», así como a «la calidad de la democracia y a los órganos constitucionales».

Ante ello, ha lamentado la «situación anómala en democracia, una grave anomalía institucional y constitucional», en la que «nada hacen las Cortes Generales para cumplir con su obligación». «Esto es una obligación de las Cortes, de los presidentes del Congreso y del Senado», ha dicho, para añadir que «no es algo que sea responsabilidad de dos jefes de partidos políticos, como se llamen, que se reúnen y que deciden cómo se renueva y cuándo el Consejo», de manera que es «una situación de mucha anormalidad».

En su opinión, «se está empobreciendo la Constitución Española, se distorsiona el sistema en la práctica y simplemente llegamos a lo que se dice muchas veces un reparto de cuotas y eso no es lo que quiso la Constitución» con los nombramientos de jueces. «No se puede sustituir el Estado de Derecho por el estado de partido», ha aclarado, para puntualizar que «España se merece que se prestigien las instituciones».

"dinamizar la economía"

Por otra parte, el presidente del TSJA ha defendido «la necesidad de adecuar la planta judicial al volumen e incremento de la litigiosidad», aunque «antes de hablar de cuántos jueces y funcionarios se necesitan, habría que reflexionar sobre cuánto haría falta en un sistema judicial moderno», ha indicado, para avisar del «modelo abiertamente agotado, que no permite rentabilizar los recursos», porque «el modelo actual es anacrónico, rígido y obsoleto», a la vez que «la inversión en justicia se está perdiendo por la rendija de la propia organización». Como ejemplo ha anotado que «España es el país que tiene mayor dispersión organizativa», entre otros aspectos citados.

Asimismo, ha transmitido que «la justicia en tiempo podría constituir un importante factor dinamizador de la economía nacional», si bien ha lamentado «la grave crisis de Estado de Derecho», de modo que el hecho de que «la justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad», a lo que ha agregado que «si la administración de justicia no ha colapsado se debe en gran parte a la responsabilidad de quienes trabajan en los juzgados, pese a los problemas de planta, plantilla, dimensiones, informáticos, litigiosidad, etcétera».

Ante ello, ha apelado a «la responsabilidad» de los políticos para «revertir esta situación», tras «más de 20 años». En las preguntas finales también ha defendido la necesidad de estudiar ante el incremento de delitos por Internet o sobre temas de Inteligencia Artificial, como ante los recientes hechos de Almendralejo (Badajoz), y «hacer una lucha muy buena» ante la violencia de género.

El presidente del TSJA ha sido presentado por el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, y el acto ha contado con la asistencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina; la delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación, Tatiana Pozo; el fiscal jefe, Fernando Sobrón, y el juez decano, Miguel Ángel Pareja, entre otros representantes institucionales y de la sociedad cordobesa.