Los otros siete arrestados, afincados en Madrid, cedían sus datos personales a cambio de cobrar los salarios y obtener las prestaciones indirectas generados por terceros.
La investigación arrancó en el mes de julio del pasado año tras tener conocimiento de la existencia de una red que, mediante documentación falsa, facilitaba a ciudadanos extranjeros sus datos personales para de este modo poder llevar a cabo una actividad laboral, pese a encontrarse en situación irregular en España.
Como contraprestación, los verdaderos titulares de los datos obrantes en las tarjetas percibían el sueldo de los trabajadores e, igualmente, conseguían ser beneficiarios de una futurible prestación por desempleo y de la cotización para jubilación.
Estas primeras pesquisas condujeron a las primeras detenciones en las provincias de Murcia y Alicante durante el primer semestre del pasado año como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.
Localización de los facilitadores de los datos personales
Tras las primeras detenciones, los investigadores se centraron en averiguar la identidad de quienes facilitaban sus datos personales y sus cuentas bancarias, con ánimo de lucro, para que los ciudadanos antes mencionados pudieran llevar a cabo un trabajo. Las pesquisas condujeron a la Comunidad de Madrid, donde estaban afincadas siete personas que mediante esta estrategia recibían nóminas y generaban derechos pasivos.
Todas ellas fueron detenidas a finales del pasado mes de agosto, como presuntos responsables de los delitos de usurpación de estado civil, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Seguridad Social. Los 17 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial por favorecer la inmigración irregular y defraudar a la Seguridad Social.
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