Euskadi se ha situado, al cierre de 2022, entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de deuda, en concreto, un 13,9% del PIB, mientras que su deuda per cápita se elevó a 4.987,6 euros por habitante, también, en este caso, entre las más bajas, según el informe 'Endeudamiento de las Comunidades Autónomas' publicado este lunes por BBVA Research.
Este estudio coloca a Cataluña como la región con una mayor deuda per cápita hasta el cierre de 2022, unos 10.981 euros por habitante. En cuanto al PIB, Comunidad Valenciana (44,5%), es la comunidad más endeudada, seguida de Castilla-La Mancha (33,7%) y Cataluña (33,5%).
En cuanto a la deuda per cápita, después de Cataluña se sitúan la Comunidad Valenciana (10.810 euros); Castilla-La Mancha (7.528,3); Murcia (7.450,6); Baleares (7.529,5); Aragón (6.890,3); Cantabria (5.745,5); Castilla y León (5.605,7); Madrid (5.170); La Rioja (5.107,1); País Vasco (4.987,6); Extremadura (4.876,6); Navarra (4.796,2); Galicia (4.446,5); Andalucía (4.432,6); Asturias (4.199,4); Canarias (2.874).
En términos del PIB regional, la Comunidad Valenciana (44%), Castilla-La Mancha, Cataluña (33% ambas) y Murcia (32%) son las cuatro comunidades más endeudadas. Al contrario, las comunidades con una ratio menor son Navarra, Canarias, País Vasco y Madrid, estas tres últimas con una deuda por debajo del 14% de su PIB regional. En el caso de Euskadi fue del 13,9%.
Fondo de liquidez autonómico
Según apunta BBVA, los instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para financiarse han evolucionado en función de las condiciones de los mercados. Entre 1995 y 2011, la emisión de valores fue ganando peso.
En ese periodo, de media, la emisión de valores representaba un 47% del total de la financiación, frente al 53% de los préstamos. No obstante, el cierre de los mercados en 2012, provocado por la crisis financiera, y la entrada en vigor de mecanismos de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), restó peso a estos instrumentos de financiación.
El FLA forma parte de los mecanismos que el Gobierno central creó en 2012 para facilitar liquidez a las comunidades autónomas en un momento de cierre de los mercados financieros. Actualmente, el FLA representa casi el 59% de la deuda autonómica, frente al 14% de los valores emitidos en el mercado.
A partir de 2020, algunas de las comunidades recurrieron de nuevo a las instituciones financieras para captar financiación y los préstamos ganaron peso hasta representar el 27% del endeudamiento autonómico.
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