El secretario general de UGT Pepe Álvarez (5d) interviene durante una reunión con la sección sindical en Celsa, a 29 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Los fondos acreedores de Celsa, compañía española de laminación, crearán dos soci | Alberto Paredes - Europa Press

TW
0

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido este viernes a la Generalitat que «entre» en el proceso de negociación sobre la toma de control del Grupo Celsa por parte de los fondos de inversión.

Tras reunirse con la sección sindical en Celsa en Barcelona junto al secretario general del sindicato en Catalunya, Camil Ros, Álvarez ha criticado que la cuestión «no forma parte de las preocupaciones de los gobiernos» autonómicos, quienes sí que tienen un margen para trabajar, ha dicho.

También ha dicho al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el futuro de Celsa «no es una cuestión baladí».

El rol de los sindicatos

El secretario general de UGT ha defendido que los sindicatos estén «presentes» en el Consejo de Administración y ha pedido que sea independiente.

Ha añadido que están esperando a que el Ejecutivo central, al que ha pedido no «eternizar esta situación», les cite para formar parte en la negociación.

«No es una cuestión únicamente entre los fondos, la sentencia y el Gobierno. Los trabajadores tienen que estar, y si no están los sindicatos no estarán los trabajadores de Celsa», ha defendido.

También ha abogado por encontrar fondos industriales con capital español que garanticen la continuidad del Grupo para impedir que la empresa «caiga en manos de quienes solo invierten para especular o tener rendimientos».

Ha trasladado a los trabajadores que «el sindicato va a estar» y ha dicho que no descartan movilizaciones para conseguir el mantenimiento integral de la compañía y de los puestos de trabajo.

Así, ante la capacidad que cree que tiene el Gobierno para impedir que el proceso salga hacia delante, ha dicho: «En estos momentos, nos ocupa más de lo que nos preocupa».

Parlament

Este mismo viernes, el Parlament ha aprobado durante el Debate de Política General una propuesta de resolución de los comuns que defiende «la aplicación del veto al cambio de propiedad o la necesidad de imponer condiciones» para garantizar la integridad del Grupo y de los empleos.

El pleno ha apelado al carácter estratégico de la compañía y ha tachado de muestra de irracionalidad que la decisión «la pueda tomar un solo juez y no haya posibilidad de recurso».