El Partido Popular continúa con su «frente» para condenar una amnistía de los condenados por el Procés llegará a la Diputación Provincia de Huesca (DPH) en su próximo pleno, donde se debatirá la moción que se está registrando en las instituciones altoaragonesas.
Recientemente, y en su presentación de esa iniciativa, el presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha subrayado que «los socialistas de Huesca tienen la obligación de explicar a sus conciudadanos si aprueban una subasta del Estado y si creen que el fin justifica los medios para obtener a toda costa el Gobierno de España».
Ahora, además, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Fernando Torres, ha llamado al PSOE de la Corporación provincial a alcanzar un acuerdo en la institución «para impedir la ruptura del ordenamiento constitucional y la convivencia en igualdad de todos los territorios de España».
Los 'populares', no obstante, son conscientes de lo improbable del citado acuerdo a «la luz de la negativa del PSOE», que se ha plasmado ya en otras instituciones. Los casos más recientes se han dado en Barbastro y la Comarca del Somontano, donde la moción del PP ha prosperado a pesar del voto en contra de los respectivos grupos socialistas.
"precio inasumible"
La propuesta de resolución argumenta que «Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado».
Se trataría, continúa la moción, de «un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno esté causando una profunda conmoción social».
La propuesta defendida por el Grupo Popular en la DPH rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito, y considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
Para el portavoz popular en la DPH, Fernando Torres, «a los altoaragoneses nos preocupa, y mucho, todo aquello que implique romper territorios, crear más brechas sociales y económicas y desestabilizar la normal convivencia de todo un país».
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