El Ejecutivo andaluz ha señalado en un comunicado que en el encuentro, que se ha extendido durante más de dos horas y media, han participado, por parte de la Junta de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y su viceconsejera, Consolación Vera, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, y su viceconsejero, Sergio Arjona.
Por parte del Ministerio, los representantes han sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez.
La reunión de este lunes se produce casi una semana después de la que el pasado martes celebraron en el mismo Palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la que ambos responsables anunciaron la apertura de un proceso de diálogo en torno a esta cuestión entre la Junta y el Gobierno, que, según se indicó entonces, iba contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al frente de
El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre sendos gobiernos y los afectados.
Juanma Moreno agradeció el pasado martes a la vicepresidenta su presencia en la sede de la Presidencia de la Junta como «un gesto que demuestra una voluntad de diálogo», y señaló como «objetivo común» de ambas administraciones el de propiciar la «sostenibilidad en espacios naturales y, al mismo tiempo», el de «preservar el desarrollo económico y social de la zona, y especialmente de la provincia de Huelva».
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