El Gobierno ha defendido este lunes que «lo que sí hay y ustedes conocen es un compromiso explícito del Gobierno de España con un plan de 350 millones de euros que pretende ahondar en la mejora de los acuíferos», declaraciones en una jornada donde se celebra el primer encuentro con la Junta de Andalucía para abordar soluciones para los regadíos en los municipios en el entorno de Doñana y evitar la aprobación de la Proposición de Ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz que promueve la conversión de suelo forestal en agrícola regable con aguas superficiales.
Este planteamiento lo ha esgrimido en declaraciones a los medios de comunicación en Armilla (Granada), el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una visita a las obras que acomete este municipio para implantar una zona de bajas emisiones.
«No le puedo hablar de propuestas porque precisamente empiezan a producir las reuniones bilaterales desde el punto de vista técnico para ver la mejor solución», ha sostenido Fernández a preguntas de los medios de comunicación, quien ha apelado a los pronunciamientos que hizo la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en su encuentro en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la idea de que el propósito del Gobierno es «hacer compatible la preservación, el mantenimiento, la mejora, de este Patrimonio de la Humanidad como es Doñana con la mejora de la actividad en todas las comarcas que se ubican en la corona norte precisamente de este paraje natural de Doñana».
El máximo representante del Gobierno en Andalucía ha reclamado que de ese primer encuentro de este lunes, en el que participan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al que esta semana seguirá otro el miércoles que «para eso están los equipos reunidos de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Transición y de ahí han de salir las propuestas», cuyo contenido ha condicionado al proceso de «escucha de todos los interlocutores válidos», entre los que ha incluido a «los agentes sociales y económicos del territorio, los agricultores como principales interesados, pero también las asociaciones y las plataformas medioambientalistas, los responsables institucionales».
«A partir de ahí, lógicamente, saldrá la propuesta», ha remachado su reflexión el delegado del Gobierno, quien el martes estuvo presente en el Palacio de San Telmo en el primer encuentro de las delegaciones que encabezaban Moreno y Ribera.
Fernández ha invocado el condicionante de fondo que hay para solventar la situación jurídica de los terrenos que quedaron excluidos en 2014 del denominado Plan de la Fresa, el Decreto 178/2014 de aprobación definitiva del Plan Especial de las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana, como es «la sentencia judicial del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», además de los llamamientos públicos de la Unesco.
«Hay que garantizar su preservación porque lo dice la sentencia judicial y porque es el cumplimiento de esos parámetros medioambientales los que determinan que sigue siendo Patrimonio de la Humanidad», ha remachado Fernández, quien ha invocado «ese plazo de un mes que se han dado ambas administraciones, que nos hemos dado para conseguir hacer una propuesta definitiva».
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