El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria | GOBIERNO VASCO

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El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha denunciado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula varios apartados de la normativa autonómica sobre el tratamiento del euskera en los ayuntamientos es un nuevo ejemplo de «judicialización de la vida política», y evidencia la necesidad de que los poderes públicos se impliquen en la protección del euskera y de otras lenguas cooficiales que son «patrimonio del Estado español».

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que aunque habrá que habrá que esperar a conocer la opinión de los servicios jurídicos del Ejecutivo respecto a esta posibilidad, considera que el Gobierno autonómico debería recurrir esta sentencia.

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística ha explicado que el Ejecutivo ha recibido este martes la notificación de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, que estima parcialmente un recurso de Vox y anula varias disposiciones de la normativa vasca sobre el tratamiento del euskera en las entidades locales.

En un análisis «de urgencia» de la sentencia, Zupiria ha recordado que se trata de una resolución que se suma a otras dictadas en sentido similar en los últimos meses desde diversas instancias judiciales en relación a la conocida como ley municipal de Euskadi.

Estas resoluciones judiciales, que anulan contenidos de la ley referidos al tratamiento de las lenguas oficiales de Euskadi en las instituciones locales, constituyen --según ha denunciado-- «un claro ejemplo de judicialización de la vida política».

Zupiria ha recordado que la aplicación de esta ley «no ha generado ninguna controversia ni ninguna polémica» en las instituciones locales vascas, por lo que ha lamentado que «como consecuencia de la intervención de un partido político que ha llevado esta causa a los tribunales de justicia», las instituciones vascas se hayan visto envueltas «en una maraña que todavía no sabemos con claridad qué consecuencias puede tener».

Acordada con el gobierno del pp

El portavoz del Gobierno Vasco ha destacado que la ley municipal fue aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y contó con el apoyo de las diputaciones forales y las entidades locales. Además, ha recordado que frente a determinadas «dudas» surgidas en su día en cuanto a la interpretación del texto, el Gobierno Vasco y el Ejecutivo español --que según ha subrayado entonces estaba en manos del PP-- alcanzaron un acuerdo en torno a los contenidos de la ley.

«Por lo tanto, se trata de una norma legal que en su momento obtuvo el mayor acuerdo político con el que puede contar una ley», ha afirmado, tras lo que ha lamentado que ahora el recurso de Vox haya «puesto en cuestión todo lo que políticamente había sido abordado, acordado y asumido». «A eso me refiero cuando hablo de que estamos ante un claro ejemplo de judicialización de la política», ha precisado.

Jueces y euskera

Zupiria ha rechazado pronunciarse respecto a si determinados jueces pueden tener una actitud personal contraria a las políticas de normalización del uso del euskera. En este sentido, al ser preguntado a este respecto, ha manifestado que «la justicia habla a través de sus sentencias y de sus fallos».

El consejero de Cultura y Política Lingüística ha recordado que esta sentencia del TSJPV se haya dictado después de lo ocurrido con otra resolución, en este caso del Tribunal Constitucional, contra determinados aspectos de la ley municipal referidos al tratamiento de las lenguas oficiales vascas en las instituciones locales.

Zupiria ha destacado que con aquel fallo del TC «sucedió una cosa muy curiosa», dado que «lo primero que se publicó fue una nota de prensa» de dicho tribunal «que interpretaba aquella sentencia», y que la resolución propiamente dicha «llegó un mes más tarde» y el contenido de la misma «se alejó bastante de lo que la nota de prensa había indicado».

En este sentido, ha señalado que la sentencia del Constitucional «mantenía en vigor» el artículo sexto de la ley de entidades locales y «se limitaba a eliminar un inciso», dejando el resto del artículo sexto «tal cual en su integridad».

Por el contrario, ha explicado que en la «primera lectura» que ha podido hacer de la sentencia del TSJPV los magistrados que la firman «han ido más allá de lo que el propio Tribunal Constitucional había considerado». «Por lo tanto, esta una razón más para que el Gobierno Vasco, en mi opinión, como consejero de Política Lingüística, recurra» la decisión del tribunal vasco.

Lenguas cooficiales en las cortes

Zupiria también ha realizado una interpretación sobre el momento político en el que se ha emitido esta sentencia. En este sentido, ha recordado que en los últimos meses «hemos sido testigos de iniciativas para facilitar el uso de la euskera y de las otras lenguas oficiales del Estado español en las Cortes».

A su vez, ha recordado que se ha instado a las instituciones europeas a que la UE «reconozca a las otras lenguas cooficiales del Estado como lenguas oficiales en la Unión». De esta forma, ha afirmado que considera que «es el momento para que esta cuestión de las lenguas se aborde desde un punto de vista político en el Estado español de otra manera a como se ha venido haciendo hasta ahora».

Nueva legislatura

Zupiria ha subrayado, a este respecto, que «la protección de las lenguas que constituyen un patrimonio del Estado español, que son el castellano y las otras lenguas cooficiales, es algo que obliga a todos los poderes públicos».

El consejero ha mostrado su deseo de que si prospera la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la nueva legislatura permita «abordar con seriedad esta cuestión de las otras lenguas oficiales del Estado español».