En el texto de la iniciativa, a la que ha accedido Europa Press, se plantea en el caso de la entidad pública para gestionar energías renovables que «acelere con inversiones la instalación y cofinanciación del autoconsumo», además de que sea «un instrumento para el ahorro y la eficiencia del suministro eléctrico».
En el caso del ente autonómico sobre edificios, aun cuando en la actualidad existe en la estructura de la Junta de Andalucía la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se plantea que su actividad se centre en «mejorar la eficiencia energética» de edificios, así como fomente «el cerramiento de ventanas, edificación con sistemas pasivos de uso de la energía y reaprovechamiento del agua para avanzar en las medidas de ahorro de energía».
En este ámbito también plantea a la Junta de Andalucía «una moratoria de concesión de licencias para vivienda turística en zonas tensionadas de Andalucía».
Además de estos tres puntos, la iniciativa de Adelante Andalucía reclama también al Gobierno andaluz «una moratoria de los proyectos de instalación de polígonos fotovoltaicos y eólicos» cuando su producción es superior a los 5 gigavatios y «no provengan de iniciativas de autoconsumo o consumo comunitario».
Adelante Andalucía requiere tanto de la Junta de Andalucía como de la Administración del Estado que primen «un paquete energético de acceso a la energía básico a toda la población» con la idea de garantizar «el suministro de energía para la producción de bienes y servicios fundamentales de primera necesidad».
Pide al Gobierno andaluz crear «sellos de calidad» para las empresas que hagan «prácticas responsables» con la gestión de residuos, en la lucha contra el cambio climático, ahorro y eficiencia energética y respeto al medio ambiente.
Adelante reclama de «las administraciones competentes» que ayuden a «la transformación del sistema agroalimentario», una hoja de ruta que creen se puede propiciar con el despliegue de «explotaciones familiares, la economía social, la agroecología sostenible, la ganadería extensiva, la pesca de bajura y los canales cortos de comercialización», que reivindican frente «al modelo intensivo de superproducción».
Otra petición incluida en la Proposición no de Ley de Adelante a la Junta de Andalucía es «acabar de forma eficaz con la venta a pérdidas en el campo y en el transporte», para lo que plantea crear «un observatorio público neutral» que controle los costes de producción y servicio del sector primario y los transportes.
En ese sentido pretende que se «obligue al registro de los contratos» entre compradores de productos y servicios y los productores y suministradores, un control que demandaría en ese caso «la actuación de oficio de la Inspección de la Junta de Andalucía contra las prácticas abusivas» hacia los productores y transportistas andaluces, además de reclamar «un régimen sancionador potente».
En la exposición de motivos de la PNL se argumenta que «la inflación interanual en Andalucía creció por encima de la media española», al tiempo que señala que «el fuerte incremento de los precios se explica en un 42,8% por la presión del coste de la energía», mientras que apunta hacia las administraciones para argumentar que «las medidas del Gobierno central son insuficientes ya que se basan en la reducción de impuestos, avalar préstamos a empresas, y proporcionar subvenciones al consumo y las hipotecas», a lo que ha añadido reproches hacia la Junta de Andalucía, por cuanto «está aplicando medidas de desfiscalización o de rescate, lo que no garantiza que los precios bajen, mientras potencia el consumo de fuentes de energía insostenibles».
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