PSOE reclama a Ayuso que restituya Patrimonio en 2024 para que "quede en Madrid" lo que recauda el de grandes fortunas

Así lo ha exigido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha indicado que además de pedirlo de viva voz también han registrado una iniciativa para que llegue este tema al Pleno de la Asamblea.

«Queremos que lo aprobemos para 2024 y que esos 555 millones, en vez de ir al Gobierno sea a la Comunidad de Madrid para pagar Educación y Sanidad», ha insistido el socialistas, quien ha recordado que el Impuesto de Solidaridad, que desde el PP se tacha de «Patrimonio bis», hace que aquel con más de 3 millones de euros tenga que pagar «sí o sí».

Asimismo, al ser preguntado por si da por hecho que el Tribunal Constitucional tumbará esta semana el recurso de la Comunidad y otras autonomías 'populares' contra este tributo, ha apuntado que en caso de que prosperase retiraría su propuesta, que carecería de «sentido».

Al hilo, ha indicado que su propuesta se basa en adoptar un impuesto espejo, calcado al estatal, en la región, con los mismos criterios para garantizar que «se quede el dinero en Madrid».

Para Lobato, la presidenta autonómica tiene que decidir si «lo cobra para Madrid o no» y si en la autonomía «se necesitan esos 550 millones de euros» que los contribuyentes «van a pagar de todas formas».

En el marco del Pleno del TC de esta semana está previsto que los magistrados estudien un borrador de sentencia --elaborado por la magistrada progresista María Luisa Balaguer-- que propone rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas.

Fuentes de la corte de garantías señalan a Europa Press que Balaguer sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

Madrid defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.