La consellera Elisa Núñez comparece en la comisión de Presupuestos | JOSÉ CUÉLLAR - LES CORTS

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La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha asegurado que los contratos del personal de refuerzo del servicio de bomberos forestales de la Generalitat «no se han podido prolongar porque los anteriores gestores no dejaron ni un solo euro autorizado por la Conselleria de Hacienda y dejaron a la SGISE --empresa pública de la que dependen-- sumida en el desastre». «Y los bomberos forestales lo deben saber», ha subrayado.

En la presentación en Les Corts del presupuesto de su departamento para 2024, Núñez (Vox) se ha pronunciado así después de que la sección sindical de bomberos forestales de CGT lamentara que el incendio forestal de este fin de semana en Montitxelvo (Valencia) les da «la razón», tras haber advertido días antes en una conversación con la propia consellera del «peligro» que supone que la Generalitat prescinda del personal de refuerzo" ante el contexto de cambio climático.

«A los bomberos de corta duración no se les ha podido renovar porque la Conselleria --antes del cambio de gobierno-- no dejó fondos. Jamás se había pedido permiso a Hacienda para esta renovación porque ni siquiera estaba la masa salarial aprobada (...). Vaya con la herencia del Botànic», ha argumentado la consellera.

Por contra, ha destacado su objetivo de reforzar la SGISE para que no sea «un ejemplo de falta de gestión, despilfarro y oscurantismo», dotándole de «estrategia y futuro» con el inicio de la cobertura de puestos directivos en los próximos días y la eliminación de «gastos fastuosos y superfluos». La sociedad contará con un presupuesto de 55 millones, nueve millones menos que en 2023.

También ha resaltado los dos millones presupuestados para parques de bomberos y adquisición de autobombas, que «tanta falta les hace» a estos profesionales, y su intención de afianzar la prevención de incendios a nivel municipal. «Trabajaremos para eliminar la visión compartimentada entre prevención y extinción del anterior gobierno por una gestión integral del territorio, un 'fire management'», ha dicho.

En esta línea, Núñez ha abogado por mejorar la formación de los bomberos forestales, por impulsar los helicópteros de coordinación, rescate y transporte sanitario, por mantener las ayudas a los consorcios provinciales y por impulsar «las quemas prescritas como instrumento de gestión forestal». La prevención de incendios contará con 36,7 millones de euros en 2024.

Respecto a la unidad de Policía adscrita a la Generalitat, se ha comprometido a trabajar en un «convenio justo» con el Ministerio del Interior para mejorar su dotación, ya que caducó hace aproximadamente un año. Además, pretende acometer «profundos ajustes» en la ley autonómica de coordinación de policías locales y que el Ivaspe ( Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) «vuelva a brillar como antes del Botànic».

Estas últimas líneas corresponden a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), que contará con un presupuesto de 113 millones al igual que en 2023. La mayoría, hasta 95 millones, irá para emergencias y gestión de incendios, otros 10,5 millones a las policías y siete millones a la formación.

En general, el presupuesto de la Conselleria ascenderá a 790,79 millones (+2,9%). Interior concentrará 176 millones, lo que supone una bajada de casi un 5%. Entre los objetivos, la consellera ha apuntado en primer lugar "mostrar el apoyo firme y decidido a la continuidad de la festividad tradicional de los 'bous al carrer', así como vigilar el cumplimento de la normativa de los locales de ocio.

Devoluciones de multas por incumplir las normas covid

También se ha comprometido a garantizar los recursos necesarios para continuar con la tramitación de los expedientes de devolución a los ciudadanos de las multas abonadas por incumplimiento de las normas COVID, «declaradas inconstitucionales tras los recursos de Vox». Según ha indicado, de las casi 300.000 actas de denuncia tramitadas se han pagado 2,6 millones de euros y «buena parte se está devolviendo» gracias a los recursos presentados por los ciudadanos o a las revisiones de oficio.

Por su parte, el área de Justicia dispondrá de 460,2 millones (+9,3%), priorizando la creación de puestos de trabajo estructurales en juzgados y la mejora de sus instalaciones «precarias». «Queremos conseguir un pacto de legislatura con los representantes de los trabajadores», ha expuesto Núñez.

En sedes judiciales se destinarán 96,32 millones (+31%) y se reevaluarán las inversiones concedidas para «asegurar que responden únicamente a criterios de eficacia y servicio público», ha avisado.

Sobre las oficinas de atención a las víctimas, la consellera ha reiterado su intención de que «protejan a todas las víctimas de todas las violencias». Contarán con 74,5 millones de presupuesto, un 2,9% menos, priorizando la mejora de las condiciones laborales.

"huele a chamusquina"

Entre los grupos de la oposición, por parte del PSPV, Alicia Andújar ha señalado que los presupuestos «huelen a chamusquina» como la gestión de Núñez y ha reprochado a la consellera sus «recortes» en prevención que, a su juicio, no permitirán cubrir las promesas a los bomberos forestales.

Pero, según ha criticado, «lo más grave del presupuesto de la Conselleria de Justicia es que »la violencia de género ha dejado de ser un objetivo para el gobierno de Carlos Mazón«. »Parece ser que 74 mujeres al día víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana no le parecen suficientes a Mazón porque ni siquiera se contempla la lucha contra este problema en las cuentas de Justicia para 2024", ha aseverado.

Desde Compromís, Jesús Pla ha reprochado a la consellera la bajada de presupuestos en áreas como protección a las víctimas y prevención de incendios. De hecho, ha alertado de esta bajada ante unos fuegos que están «desestacionalizados».

También ha criticado la bajada de inversiones de Núñez en prevención y el despido de 300 efectivos de bomberos forestales, y le ha reprochado que haya tenido que pedir ayuda a Murcia y Castilla-la Mancha en la extinción en Montitxelvo tras eliminar estas plazas.