Según han explicado los responsables de la entidad consorciada, este incremento de tasas supondrá una actualización de la tarifa de 1,5 euros/mes (IVA incluido) para un consumo medio domiciliario.
En cumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva Europea Marco del Agua, se obliga a los operadores a repercutir en la tarifa el 100% del coste del ciclo integral del agua.
En el Consorcio de Aguas, actualmente las tarifas suponen el 80% de ese coste, de manera que se seguirá buscando la equivalencia de forma progresiva «para no incidir significativamente en la economía de las familias, empresas, industrias y comercios fundamentalmente», han explicado.
El importe de las cantidades recaudadas vía tarifas se destinan íntegramente a concretar el compromiso inversor y transformador que requiere el territorio para modernizar sus infraestructuras, prestar servicio en idénticas condiciones en los municipios que se incorporen, como es el caso de Busturialdea, o anticiparse a los problemas que pueden emerger como consecuencia del cambio climático, bien por falta de recursos hídricos o, al contrario, por episodios de climatología adversa continuadas de abundante precipitación.
De esta forma, la sociedad de aguas se sigue adaptando a las necesidades presentes y futuras para asegurar una sostenibilidad en sus actuaciones y ofrecer la «máxima calidad» en el servicio, tal y como exigen los requerimientos, «cada vez más exigentes», que fija la normativa autonómica, estatal y europea sobre aguas urbanas, «sin permanecer ajeno a la inflación».
En este sentido, desde la entidad se ha recordado que la factura del agua supone el 0,9% del gasto doméstico y que, por menos de 2,2 euros, el Consorcio de Aguas lleva a cada grifo, depura y devuelve a los cauces 1.000 litros de agua.
Conscientes de que son muchas las necesidades y compromisos que requieren de grandes inversiones, los responsables del Consorcio han asegurado que también viven «la realidad de cada abonado», por lo que la Asamblea también ha aprobado reconocer a todas las personas que se benefician del bono social eléctrico y térmico la misma bonificación de la que disfrutan los perceptores de la RGI e IMV.
«A mayor recaudación, mayor capacidad inversora, pero también de acompañamiento en beneficio del interés general de las personas, el conjunto de los municipios consorciados y el Territorio de Bizkaia», han concluido.
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