A preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa para presentar los datos de recaudación tributaria de Andalucía, sobre volver a instaurar el Impuesto sobre el Patrimonio, una vez que decidió bonificarlo al 100%, España ha insistido en que «estamos estudiando todas las opciones» tras argumentar que durante la vigencia del impuesto sobre grandes fortunas «lo que se recaude de Andalucía, al final va para las arcas del Gobierno».
«Estamos estudiando si recuperamos el impuesto o si lo dejamos como está», ha continuado indicando España en su reflexión, con el argumento de que «estamos viendo los pros y los contras y, cuando tomemos una decisión, se la haremos llegar».
La consejera ha defendido la decisión que tomó la Junta de Andalucía con el Impuesto sobre el Patrimonio al esgrimir que «entendíamos que era un impuesto injusto, que no existe en ningún otro país de la Unión Europea», con el añadido de que desde un punto de vista económico «ahuyentaba la inversión y el ahorro».
«En su momento el señor Rodríguez Zapatero también lo eliminó cuando gobernaba en España», ha recordado la consejera de Economía, quien ha apostado por «esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno andaluz», antes de reconocer que «todo indica que va a ser en la misma línea de lo resuelto para Madrid».
El Tribunal Constitucional (TC) avaló la semana el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros tras rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid.
Fuentes de la corte de garantías indicaron a Europa Press que la mayoría progresista del Pleno aprobó por 7 votos contra 4 la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer.
La ponencia sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
El Constitucional desestimó los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
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