El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció el jueves que ha encargado a la Conselleria de Economía «una propuesta de financiación singular para Catalunya» que permita al Govern recaudar todos los impuestos.
Esta propuesta del Govern parte del acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Pedro Sánchez, según el cual en el primer trimestre de 2024 se creará una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para «una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya».
Los expertos consultados por Europa Press coinciden en defender una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades.
Dificultades
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago-Peñas, ve «muy difícil que se pueda abordar una reforma en profundidad, porque las demandas que se plantean desde la Generalitat, y por Junts, exigirían cambios radicales en el funcionamiento y resultados del modelo de régimen común».
En su opinión, «sería factible aplicar retoques en la aplicación, esto es, sin tocar su diseño, del modelo actual, que serían positivos y convenientes», y considera que el libro blanco de 2017 y el trabajo que posteriormente desarrolló el Consejo de Politica Fiscal y Financiera (CPFF) sigue siendo el camino a seguir.
Lago-Peñas se refiere a la Comisión de Expertos creada en 2017 a instancias de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación que, dictaminaron, debía estar fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.
Los expertos instaban también a garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, pero el proceso independentista dejó en suspenso las negociaciones entre las CCAA.
Tema divisivo
Según la catedrática en Economía de la UNED, María Antonia Monés, «a nadie se le escapa la dificultad de abordar la gran reforma pendiente del sistema de financiación en estos momentos. La financiación territorial siempre ha sido un tema un punto complicado y divisivo».
Explica que «la falta de cultura e instituciones federales hace que desde los territorios se piense poco en el conjunto del sistema, y demasiado en la defensa de intereses particulares, dejando pocos incentivos al Gobierno central para emprender una reforma de calado».
Confía en que «al menos se haga una reforma parcial» y considera prioritario impulsar instituciones federales, lo que no requiere cambiar la Constitución, según precisa, para promover la coordinación de las comunidades entre sí y con el Gobierno.
Principio de ordinalidad
Monés apuesta por recuperar «la esencia del modelo de financiación 2009» en donde se respetaba la ordenación de los recursos recibidos por cada autonomía en función de los aportados (ordinalidad), y se garantizaba que las CCAA que contribuían por encima de la media, se quedaran con una parte de estos recursos.
La catedrática propone incrementar los recursos totales del sistema necesarios para sostener las grandes políticas de bienestar en manos de las comunidades, "más que apelando a una mayor aportación
de recursos de la hacienda central, cediendo ésta más capacidad tributaria".
A juicio del economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), «parece» que en esta legislatura podrá abordarse una reforma en la que considera prioritario tratar de mejorar la equidad del reparto.
En este sentido, propone ir «reduciendo las disparidades y mejorando por la vía de urgencia la situaciÓn de las regiones peor tratadas».
Más responsabilidad fiscal
De la Fuente es partidario de «obligar a las comunidades autónomas a asumir una mayor responsabilidad fiscal: si quieren gastar más tienen que subir impuestos en vez de pedírselo al Gobierno central», y cree conveniente simplificar el sistema para que la gente pueda entenderlo".
La doctora en Economía por la London School of Economics Montserrat Colldeforns augura que "habrá cambios, aunque es posible que no haya 'nuevo modelo', por lo menos a corto plazo. Requeriría el esfuerzo de una nueva Ley Orgánica, con su mayoría absoluta,
muy difícil aunque no imposible".
Considera que solucionar la infrafinanciación de algunas CCMA mediante los PGE, como se prevé, "no es solución para el medio --una legislatura-- y el largo plazo, como no lo es perpetuar una distribución final de los recursos que no responde a ningún criterio racional y coherente ni de equidad ni de
cualquier otro criterio".
Tampoco es la solución, dice, para «la divergencia cada vez mayor entre el sistema foral y el de régimen común».
Según Colldeforns, se debe «avanzar con decisión en el desarrollo de las instituciones de 'cogobernanza': Conferencia de Presidentes, conferencias sectoriales, consejos consultivos u otros, con recursos y apoyo normativo, jurídico y técnico. Y con reglas para alcanzar decisiones que incluyan a las CCAA».
Defiende unas relaciones intergubernamentales «cada vez más basadas en la cooperación y el respeto a las respectivas competencias --que precisan mayor delimitación-- y al reconocimiento de las interdependencias entre CCAA entre éstas y el Gobierno central en relaciones bilaterales y multilaterales según corresponda».
La economista ve necesario «recomponer» en el marco de la UE el sistema fiscal español, para obtener más ingresos, de manera más justa y repartirlos mejor, «y todo ello no puede hacerse, o no debería hacerse, sin las CCAA».
Y recuerda que los estatutos de algunas CCAA, incluido el catalán, establecen crear consorcios tributarios de naturaleza paritaria para la gestión y recaudación de todos los tributos: «Nada impide su puesta en marcha».
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