El pleno del Consell ha aprobado este martes la separación de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), después de que la Conselleria de Medio Ambiente abriera una investigación para depurar responsabilidades ante un posible cobro irregular de dietas por parte de la parlamentaria socialista.
Según ha explicado la portavoz del Consell, Ruth Merino, esta decisión tiene que ver con la información que trascendió la semana pasada de que la condición de Piñero como diputada del Parlamento Europeo era incompatible con la de vocal del consejo de Valenciaport y con la percepción de cualquier remuneración pública al margen del puesto europeo.
«Estaba previsto hacer cambios en el consejo de administración del Puerto, pero estos acontecimientos han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes. Y la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado que el momento era ahora», ha expuesto Merino en su comparecencia semanal tras la reunión del gobierno valenciano.
Además, la portavoz del Consell ha indicado que el resto de nuevos miembros del consejo de administración de Valenciaport se designarán «en breve».
Según publicó la semana pasada 'El Mundo', la Abogacía de la Generalitat concluyó en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal del Consell en el consejo de administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig, y hasta el pasado septiembre. Durante este periodo cobró 40.000 euros brutos.
La eurodiputada lamentó «profundamente» esta situación, que aseguró que era «absolutamente desconocida» para ella y que contradice su «comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público», al tiempo que afirmó que «sin lugar a dudas» atenderá «cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa».
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