El Grupo Popular plantea con una Proposición no de Ley (PNL), que se debatirá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para analizar los pactos que han propiciado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como aboga por que la Junta de Andalucía presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Proposición de Ley Orgánica del PSOE para «la normalización institucional, social y política en Cataluña», conocida como la Ley de Amnistía.
El PP quiere en esa PNL, que supera la veintena de demandas, que la Junta de Andalucía exija a la Administración del Estado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con un orden del día de este órgano de cooperación que debería ser «el análisis de los acuerdos y pactos suscritos por los distintos partidos que sustentan al gobierno y que han sido asumidos por el presidente del Gobierno en su investidura».
La iniciativa del PP reclama en el mismo sentido «un calendario de compromisos sobre la nueva propuesta del sistema y modelo de financiación autonómica», además de su debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de su aprobación en el Congreso y Senado.
Demanda también la Proposición no de Ley del PP crear «un fondo transitorio de compensación a las comunidades autónomas infrafinanciadas, con carácter urgente», mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014, antes de plantear «que se eleven los recursos para Andalucía hasta alcanzar la media del resto de comunidades».
Junto con el recurso de inconstitucionalidad, demanda el Partido Popular, «las medidas oportunas y necesarias» en distintas instancias españolas y de la Unión Europea, «que garanticen la defensa del Estado de Derecho».
Propone el PP al Ejecutivo autonómico que reclame al Gobierno «que cese en las injerencias en el trabajo de órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, en la división de poderes, en su independencia», así como que «proteja la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley y la solidaridad entre los distintos territorios».
Quiere también el PP, ante «la política errática» del Gobierno «que ocasiona permanentes y graves crisis diplomáticas», recuperar «el necesario, previo diálogo y consenso a la hora de fijar posiciones del Reino de España en política exterior, con la consulta a los partidos mayoritarios de oposición y a las comunidades autónomas».
Pide el PP que la Asamblea Legislativa andaluza se pronuncie sobre «los principios que deben regir las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma con el Estado», que concreta en «la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía», así como que en materias compartidas como sanidad o educación haya «la deseable lealtad institucional» para así «favorecer un mejor funcionamiento de nuestro Estado Autonómico».
Además de este bloque de peticiones políticas, la Proposición no de Ley del Grupo Popular reclama otras medidas de contenido más económico, como instar al Gobierno «a modificar el Plan Estratégico de la PAC de España» con la premisa de «dar a Andalucía una PAC justa que palíe el agravio», a lo que suma reclamar del Gobierno «medidas para la grave situación de sequía que afecta a Andalucía».
Plantea también, antes de que acabe la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que se «reconozca la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico estructural», a lo que suma el impulso de un gran acuerdo nacional del agua y una reprogramación de los fondos europeos del mecanismo extraordinario.
La PNL del PP exige del Parlamento un pronunciamiento sobre «la unidad del sistema de la Seguridad Social», junto con la demanda al Gobierno de «preservar la unidad del sistema y el cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución, y a garantizar, dentro del marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, el mantenimiento del principio de caja única de la Seguridad Social».
También reclama del Estado una financiación al 50% del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en Andalucía, como recoge la normativa estatal «y como ha pactado para el País Vasco», junto con «una revisión exhaustiva» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ahí se incluya, como criterio de reparto de los fondos, el número de víctimas de violencia de género de cada Comunidad, además de que la Cámara autonómica exprese «su posición contraria» ante «el agravio» del traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a solo dos comunidades (País Vasco y Navarra).
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