Así se ha pronunciado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación después de que el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, quien al comenzar 2023 había fijado en el primer cuatrimestre de este mismo año la reapertura del complejo minero; haya manifestado ahora que la autorización de la reactivación del complejo está ya «cerca de los pasos finales», con lo que «no queda mucho» para la luz verde definitiva para el comienzo de los primeros trabajos.
Ante ello, el alcalde de Aznalcóllar ha asegurado a los periodistas que por la información que manera «por fechas y días concretos», la reapertura de la mina «será una realidad a finales de enero o primeros de febrero». «No hay vuelta atrás», ha manifestado.
El alcalde ha destacado así, una vez más, que el nuevo proyecto de explotación del complejo minero, cerrado tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados, cuando estaba explotado por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), filial de la multinacional sueca Boliden; implica «una mina del primer mundo, del siglo XXI», con garantías ambientales y «un proyecto de restauración» para todo el entorno.
"estamos deseando que esto empiece"
«Estamos deseando que esto empiece y que escuchemos ya rugir los camiones», se ha ufanado el primer edil, manifestando que en enero finalizarán los procesos de información pública del proyecto de explotación de la mina y entonces, la empresa tendrá «autorización» para emprender los primeros trabajos, primero de acondicionamiento de la corta y después de explotación.
Ello, en un marco en el que la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla ha abierto un periodo de información pública y por tanto de alegaciones, sobre la «documentación complementaria» agregada al proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la sociedad Minera Los Frailes.
En una resolución emitida el pasado 29 de noviembre y recogida por Europa Press, dicha delegación territorial de la Junta rememora que mediante los correspondientes anuncios en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la provincia, fue promovido un periodo de información pública y por ende consultas y alegaciones, con relación al mencionado y controvertido proyecto de explotación minera.
«Se somete a información pública el proyecto explotación de recursos de Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes», figuraba en aquellos anuncios, habilitando un plazo de 30 días para la consulta del expediente y la formalización de alegaciones ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.
Siguen los trámites
Ahora, con el nuevo anuncio, dicha delegación territorial somete a información pública «documentación complementaria del proyecto» en cuestión, para la recepción de posibles «alegaciones y aportaciones adicionales».
Los colectivos ecologistas, de su lado, avisan de que la autorización ambiental aprobada por la Junta de Andalucía permite un «vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir». «En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana», alertan.
De otro lado, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
Las dos órdenes de sobreseimiento y la juez alaya
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
La reapertura de la mina, no lo olvidemos, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
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