El Gobierno de Aragón sigue trabajando para "dar seguridad jurídica" a todos los operadores de renovables

La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «se conocía el cuestionamiento» de este decreto-ley por parte del Gobierno de España y ha considerado que «lo excepcional es que no se llegue a ningún acuerdo».

Ha apuntado que un total de 20 artículos del decreto-ley están afectados por las «dudas de constitucionalidad» y que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideraron que la eliminación de algunos artículos «repercutía claramente en la seguridad jurídica» de la norma y que «para los operadores no hubiera sido útil», por lo que el Gobierno de Aragón ha defendido el conjunto del decreto-ley.

También ha indicado que el grupo popular se abstuvo durante la votación de este decreto-ley en las Cortes de Aragón, durante el último tramo de la anterior legislatura. Ahora, una de las opciones es aprobar una ley de garantías.

«La filosofía es llevar a cabo una ordenación de las renovables y hacerlo de la mano del territorio», ha enfatizado Vaquero, quien ha añadido: «Esa filosofía no cambia».