La Comissió Ciutat-Port --plataforma que aglutina cerca de 200 organizaciones sociales y ecologistas-- ha aseverado que «se han cruzado ya muchas líneas rojas» con el proyecto de la ampliación del Puerto de València y que, con la aprobación este viernes del pliego para la licitación de la nueva terminal, «se ha declarado abiertamente la guerra contra la ciudadanía valenciana» y ésta «se defenderá con todos los medios a su alcance».
"Defenderemos nuestra salud (y a nuestros pulmones de sus
malos humos); nuestra calidad de vida; y nuestro territorio, como ya hicimos salvando el cauce del Túria, el Saler, el Cabanyal, el Botánic o luchando por las casas en La Punta", ha afirmado la Comissió Ciutat-Port, después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya aprobado el pliego que contempla las condiciones jurídico-económicas para la licitación de la nueva terminal.
La Comissió Ciutat Port ha advertido que "la lucha contra las
agresiones de la Autoridad Portuaria hacia esta ciudad y su área metropolitana continúa, y continuará, con fuerzas renovadas".
"No se va a acallar a una ciudadanía que defiende su salud y su territorio, por muy fuertes y poderosos que sean los agresores y sus cómplices políticos. Ya se defendieron en el pasado, contra viento y marea, y se ganaron, causas similares y así volverá a ocurrir.
La historia de la destrucción del litoral se repite", ha expuesto.
La Comissió considera que el acuerdo alcanzado de los pliegos es «lesivo para los intereses de la ciudad, se adopta contraviniendo múltiples informes oficiales e ignorando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende cautelarmente la capacidad de la APV para decidir si es necesaria una nueva DIA».
"plegados a los intereses del magnate msc"
En ese sentido, ha acusado a la presidenta de la APV de «convertir el organismo público que preside en rehén de los lobbies portuarios, en detrimento de la salvaguarda del interés público al que su cargo le obliga». Igualmente, ha afirmado que los grupos políticos que apoyan el proyecto de ampliación norte (PP, PSPV y Vox) se han "plegado a los intereses del magnate naviero MSC como si
en una república (o monarquía) bananera nos encontráramos".
«Saben que están haciendo un traje a medida a una multinacional que tributa fuera de la UE, esto es MSC, y ello mediante un multimillonario proyecto con una declaración de impacto ambiental inválida y caduca, para una finalidad que sólo satisface los intereses privados de esa multinacional», ha apostillado.
La plataforma ha recriminado el apoyo a un «megaproyecto que revela la ineficiente gestión de la APV» con "espacios ociosos del Puerto y mala gestión denunciados por los trabajadores del
sector, en un contexto de tráficos portuarios en claro descenso".
En esa línea, ha recalcado que la terminal de contenedores «no responde a ninguna necesidad real de la economía valenciana» ni aporta valor añadido al comercio local y especialmente a la pequeña y mediana empresa. También ha insistido en que «se aparta del interés general» y "sólo responde a las exigencias e intereses de
la multinacional naviera MSC (y su socio Boluda Corporación Marítima)".
Asimismo, Comissió Ciutat-Port ha señalado que la terminal de contenedores implicará «un volumen desmesurado de gasto público inoportuno para esa finalidad y en detrimento de necesidades más acuciantes para la ciudadanía y el medio ambiente».
"una amenaza real"
Según la plataforma, la terminal de la ampliación del Puerto de València «representa una amenaza real muy preocupante para nuestro territorio y nuestras tangibles señas de identidad»: la Albufera, las playas y la huerta.
Del mismo modo, ha advertido que «pone en riesgo la salud pública pues se incrementará sustancialmente la contaminación ambiental y acústica». «La principal causa de la contaminación del aire que respiramos en València, procede del Puerto», ha remarcado.
La Comissió Ciutat-Port ha afirmado que la ampliación "destruirá empleo en la terminal pública de contenedores construida sobre la
playa de Natzaret, y también en la terminal norte por la robotización y automatización".
Asimismo, ha avisado de que «su aprobación generará expectativas y derechos en la empresa beneficiaria, que no dudará en exigir exorbitantes indemnizaciones cuando los tribunales declaren la nulidad del proyecto». En este punto, ha citado el precedente del caso Castor: «MSC ganará en cualquier caso, ya que una segura condena o anulación del proyecto por parte de los tribunales derivará en una reclamación de responsabilidad patrimonial, pagada con fondos públicos».
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