La Fiscalía solicita que la Audiencia Provincial de Córdoba confirme la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital al considerar que «la jurisdicción militar es la competente para continuar con la investigación» de los hechos ocurridos el día 21 de diciembre en la base militar de Cerro Muriano, donde fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), y el soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), durante un ejercicio en un lago.
En una nota, el Ministerio Público ha comunicado que ha informado el traslado que se le ha conferido de los recursos presentados contra el auto del día 14 de enero del Juzgado de Instrucción, en el que se declaraba la competencia de la jurisdicción militar para la investigación de los hechos por los que se incoaron las diligencias previas por dicho Juzgado en relación a las causas por las que se produjo el fallecimiento de los dos militares.
Al respecto, los abogados que representan a las familias de ambos fallecidos recurrieron ante la Audiencia Provincial el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba en favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria y no la militar la que instruya el caso al entender que «los hechos punibles pudieran considerarse desgraciadamente constitutivos de un homicidio con dolo eventual», entre otros argumentos mantenidos.
Mientras, el Juzgado Togado Militar dictó un auto «incoando sumario e imputando» por tales hechos «al capitán» de la compañía de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X a la que pertenecían los militares fallecidos, y también «a uno de los tenientes y uno de los sargentos, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio».
Así lo ha dio a conocer el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado fallecido, Carlos León, quien explicó que la imputación de los dos oficiales y el suboficial se debe a que «las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día y porque no había en este caso una línea de vida», cuando los militares fallecieron ahogados al atravesar un lago, durante un ejercicio.
A ello se suma, según precisó el letrado de la acusación, que las mochilas que portaban los militares y «que debían servir de flotador, no estaban debidamente estandarizadas y tenían un sobrepeso, muchas de ellas de tres kilos y medio, por lo tanto no eran aptas, entre otros motivos», para usarse en dicho ejercicio.
En este sentido, manifestó que «no se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencias y falta de diligencias en la sumersión de unas 20 personas, entre ellas, 15 soldados, en un lago que estaba helado, casi congelado, y en unas circunstancias que no eran las idóneas y se tenía que haber paralizado tal ejercicio».
Por eso, lamentó que hubo dos fallecidos; dos afectados por «una grave hipotermia, uno entró en parada cardiorrespiratoria que se pudo recuperar», y al día siguiente, «dos o tres más tuvieron que ser hospitalizados», de forma que «casi la mitad de los que se sumergieron en el lago casi congelado».
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