En una carta remitida el pasado 16 de febrero al Ministerio de Juventud e Infancia, adelantada por El Mundo y consultada por Europa Press, la Junta señala que a estos 187 menores migrantes no acompañados se le pueden sumar más una vez tenga los resultados de las pruebas de determinación de edad de otras 97 personas. «Se da la circunstancia de que estos menores están próximos a la mayoría de edad, requiriendo, por tanto, vivienda durante un periodo determinado, lo que conlleva un elevado coste económico que está afrontando exclusivamente la Junta sin contar con recurso alguno del Gobierno de España», explica la consejera Loles López en la misiva.
Estos menores forman parte de los contingentes de inmigrantes con decreto de mayoría de edad que está trasladando el Gobierno desde las islas a la Península. «Son trasladados por el Gobierno como adultos, pero son menores», apunta la Junta, que avisa: «El sistema de atención a menores inmigrantes no acompañados, así como el de jóvenes extutelados, corre el riesgo de colapso».
«Toda esta responsabilidad lo está asumiendo la Junta a pulmón, sin ayuda alguna del Gobierno de España pese a ser el responsable de los traslados», advierte el Gobierno andaluz que, ante esta situación, reclama un plan de contingencia que «debe tener carácter retroactivo a la hora de fijar el futuro reparto de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias y la financiación correspondiente para garantizar su atención específica».
Fuentes de la Administración han recordado que «pese a que el Gobierno negó inicialmente el traslado de menores a Andalucía y luego aseguró que se trataba de casos puntuales, lo cierto es que a la comunidad ya han llegado al menos 187 adolescentes camuflados entre adultos, y han llegado sin la financiación ni los recursos necesarios», añadiendo que «Andalucía es una tierra solidaria», poniendo como ejemplo que a lo largo de los últimos años ha asumido la tutela de 97 menores provenientes de Ceuta.
«Estamos ante un problema muy serio. El Gobierno de España debe sentarse con las comunidades afectadas para colaborar con lealtad y poner encima de la mesa recursos y financiación. Esto es un tema de Estado», ha apuntado la Junta, que afea al Gobierno de España haber actuado ante esta crisis migratoria de espalda a las comunidades, con «falta de transparencia, mucha improvisación y, sobre todo, con soberbia».
De hecho, «la poca información con la que ha contado y cuenta la Junta sobre los traslados de inmigrantes procedentes de Canarias ha sido a través de entidades que colaboran con el Gobierno. »Podemos afirmar que Andalucía es la comunidad que ha recibido más inmigrantes procedentes de Canarias", ha asegurado la Junta, que calcula que, desde septiembre a diciembre, ha recibido a 6.195 por distintas vías, como los puertos de Huelva y Cádiz y aeropuertos de Madrid Barajas, Sevilla y Málaga.
La actual declaración de emergencia finaliza el próximo 31 de marzo y «se desconoce aún si se va a prorrogar, si se va a dictar una nueva declaración o cualquier otra medida». Por ello, ha concluido la Junta, «reclamamos lealtad, colaboración e información. Esto es un asunto de Estado que requiere de corresponsabilidad, y hasta ahora el Gobierno de España está actuando con opacidad, improvisación y soberbia».
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